La Generalitat Valenciana dotará una subvención de entre 750.000 euros y un millón de euros para financiar parte de las plantas de transferencia de basuras que precisa la Vega Baja. El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, dijo que dicha partida se consignará en los presupuestos autonómicos de 2018 y el objetivo es ayudar a reducir los costes de estas instalaciones para los 27 municipios. Ahora bien, hasta el momento no se sabe ni dónde ni cuándo ni cómo se levantaran esas estaciones de residuos.
El intento fallido de activar una planta de transferencia en Guardamar y otra en Orihuela, con una inversión prevista de casi seis millones de euros, ha obligado al Consorcio de Residuos, en el que se integra la Generalitat, a replantear la situación. Lo único que tienen claro a día de hoy es que no pueden asumir un proyecto tan caro, precisamente porque el objetivo de esas instalaciones es reducir costes en el transporte de la basura. Tal y como adelantó ayer este diario, la opción de Guardamar se está empezando a descartar debido a que habría que construir una carretera que conecte con la CV-91 y eso dispara el coste.
Otro de los impedimentos, dicen ahora, es que en el terreno guardamarenco previsto -la partida del Pallaret- hubo un antiguo vertedero y no saben si el suelo reúne las condiciones necesarias para habilitar la instalación. Ahora bien, eso no quiere decir que la opción quede totalmente excluida.
Lo que anunciaron ayer los responsables del Consorcio, presidido por Manuel Pineda, es que se presentarán cuatro alternativas para ubicar «dos o tres plantas», y que serán los técnicos los que decidan cuáles son los sitios más idóneos. «No es el momento de anunciarlas, pero sí puedo decir que no será ni en Cox ni en Albatera», dijo ayer Joan Piquer. Una de las acciones que se llevará a cabo será la de modificar las bases técnicas para implantar la solución transitoria. Hasta ahora se decía que se tenían que impulsar a la vez al menos dos plantas de transferencia y una red de ecoparques. El cambio que se quiere introducir radica en que esos proyectos se puedan ir desarrollando de forma individual,de forma que si se puede ejecutar ya una de las plantas, se haga, en vez de esperar a tener lista la otra. Abre la puerta igualmente a que algún municipio monte la suya propia, como está estudiando Orihuela.
Oposición
Piquer y Pineda defendieron ayer el trabajo que se ha realizado desde que hace 20 meses cogieron las riendas del Consorcio. No obstante achacaron parte del retraso que está sufriendo el proyecto a la oposición del Partido Popular. «Las plantas tienen que ir en algún sitio y tiene que ser una solución conjunta y necesitamos saber la opinión de los grupos municipales, pero creo que hay ciertas oposiciones que no suman», dijo el director general en referencia al movimiento impulsado por los populares de Guardamar en contra del proyecto.
«No nos importa estudiar ubicaciones y cambios pero queremos saber la opinión que tienen todos los grupos políticos al respecto. No puede ser que siempre a un alcalde o a la oposición les parezca mal», prosiguió.
Piquer invitó además a la Diputación a que se sume a la iniciativa del Consell y reserve parte de su presupuesto para ayudar a habilitar las plantas de la Vega. Recordó que en su día también recibieron financiación pública las de Jijona, Villena o Elche. «Si todas las administraciones ayudan estamos hablando de una reducción de entre el 50% y el 60% de costes para los ciudadanos», concluyó.
