La concejala de Bienestar Social de Orihuela, Sabina Goretti Galindo, reclamó ayer a la Generalitat Valenciana que aporte al Ayuntamiento hasta 2,5 millones de euros en subvenciones prometidas desde 2016 y que asegura que no se han transferido. La edil dijo que dichos fondos son clave para el mantenimiento de servicios como el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS); el Centro Ocupacional Oriol o el Centro de Atención Temprana y exige que no se deje al municipio «en la estacada».

Galindo realizó ayer esas declaraciones tras dar cuenta de que la junta de gobierno local ha paralizado una propuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que pedía que el Ayuntamiento devolviera 12.000 euros por no haber gastado un dinero que ni si quiera han recibido todavía. La situación es la siguiente: la Generalitat tenía que aportar casi 386.000 euros como subvención del centro CRIS en el ejercicio de 2016. Antes de recibir los fondos, el Ayuntamiento debe justificar los gastos que ha tenido durante ese año, que en este caso ascendían a 374.000 euros. Es por ello que, siempre según la versión de la edil, la Generalitat les pide que se devuelvan esos 12.000 euros de diferencia cuando, en realidad, ni si quiera han ingresado todavía los fondos.

«Te piden que devuelvas parte del dinero cuando no lo has recibido aún, por eso nos surgen dudas sobre si tenemos la obligación de devolverlo cuando no hemos recibido nada de los 2,5 millones que nos tienen que dar», prosiguió la edil. «Después de muchas llamadas lo que nos dicen es que no tienen fondos y que esperemos a que reciban el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Hay dinero para otros proyectos y para esto no», criticó.

En otro orden de cosas, Rafael Almagro informó que ayer se aprobó la convocatoria de las subvenciones para la organización de fiestas tradicionales y populares, convocadas por la Concejalía de Festividades, correspondientes a 2017, y que suman 325.000 euros. La junta de gobierno también aprobó ayer la convocatoria de ayudas para gastos ocasionados por tasas de abastecimiento de agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado, dirigidas a pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, por un total de 6.000 euros, de manera que la ayuda será de 250 euros anuales por beneficiario.