El gobierno de Albatera, formado por un bipartito de PSOE y UPyD con el sustento de Cs, explicó que se ha contratado a un técnico para hacer los presupuestos de 2017 debido a la «carencia de personal técnico» en el Ayuntamiento. También para no repetir «leves defectos» como el pasado año, que fueron «empleados por el PP como excusa para bloquear su tramitación, pese a que las cuentas se aprobaban con superávit, cumpliendo con la regla de gasto y estimando las alegaciones del PP».

«Al efecto de evitar caer en los mismos problemas, el gobierno decidió encargar su redacción a un técnico, cuyos servicios además se extienden a tareas de apoyo a la Intervención, y por los que cobra unos honorarios bien ajustados a la tarea encomendada», trasladaron desde el equipo de gobierno en un comunicado. Además, prosigue el texto, «hemos abierto la elaboración del presupuesto a todos los partidos y concejales con el ánimo de que llegue sin incidencia».

Los tres grupos políticos confían en que el Ayuntamiento sí podrá recibir los 137.000 euros del Fondo de Cooperación Municipal del Consell aunque se incumpla la regla de gasto u otra circunstancia relacionada con la gestión presupuestaria, tal y como advirtió el PP. En ese sentido, apuntaron que dicha regla se viene incumpliendo desde 2014. «El incumplimiento de la regla de gasto no generará otra consecuencia para nosotros que seguir viviendo el perpetuo estrangulamiento presupuestario en que nos mantienen las deudas dejadas por Federico Berná (PP)».

Reclamaciones

Los gestores municipales dicen que la gestión presupuestaria es «extraordinariamente compleja por la catastrófica gestión del gobierno anterior, una situación se ha visto agravada por resoluciones condenatorias y reclamaciones administrativas que nos ha llevado a gestionar una ingente cantidad de deuda no prevista, carente de consignación presupuestaria».

«Las dificultades municipales para atender las complejas obligaciones documentales exigidas por el Gobierno Central en relación a los presupuestos tienen además relación con el deliberado vaciamiento técnico de la plantilla municipal de funcionarios, mediante la supresión de retribuciones para los puestos de habilitación nacional. Esos fueron cubiertos por empleados a tiempo parcial, cuyas excesivas productividades están siendo investigadas por la Fiscalía, constando como investigado por este hecho, precisamente, el anterior alcalde y no ningún miembro de éste equipo de gobierno». Sobre Federico Berná dicen también que «tras la denuncia que ha recibido por mobbing a un trabajador, en la jurisdicción social ya ha tenido como consecuencia económica para este Ayuntamiento la friolera de 85.000 euros».