La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar en el banquillo de los acusados al exalcalde de Dolores Gabriel Gascón (PP) para ser juzgado por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, fraude y prevaricación. El Ministerio Público solicita una pena de cuatro años y medio de cárcel por haber permitido la construcción ilegal de un bar ubicado en un parque del municipio. La explotación del negocio fue adjudicada a un familiar el entonces regidor y, según la acusación pública, se cometieron irregularidades para beneficiarlo.
El fiscal Pablo José Romero cree que el proceso para levantar este bar en el parque de La Alameda, frente al polideportivo y campo de fútbol, estuvo viciado desde el principio, cuando se hizo el proyecto de obra. Es por eso que extiende la responsabilidad al técnico municipal que lo redactó, A.R.Z.,para el que solicita dos años y tres meses de prisión. El tercero de los acusados, J.F.G, es el hostelero que se puso al frente del negocio, para el que pide igualmente cuatro años y medio de cárcel. La denuncia por estos hechos fue interpuesta por el grupo Renovación, que consideró que se estaban cometiendo irregularidades.
Los hechos se remontan a 2008, cuando el técnico acusado, a instancias del exalcalde, presentó el proyecto de obra de un kiosko en el citado parque con unas dimensiones de 82,40 metros en las que la edificación debería de ocupar un máximo de 49,25 metros conforme a las normas establecidas en el Plan General. Pues bien, en su escrito de acusación la Fiscalía dice que en dicho parque ya se habían construido con anterioridad unas gradas con vestuarios y aseos que forman parte del polideportivo y, por tanto, no se podía edificar nada más porque el espacio restante debería dedicarse exclusivamente a zona verde. Pero no fue así.
Irregular
El proyecto se llevó a pleno y fue aprobado con el voto favorable de Gabriel Gascón «siendo consciente de que el mismo conculcaba gravemente la legislación urbanística en vigor». La explotación del negocio se adjudicó en junio de 2008 a un «pariente» del entonces regidor. Meses más tarde el arrendatario realizó una ampliación irregular, sin ningún tipo de licencia, aumentando la superficie construida en 62 metros. Por ello, en junio de 2009 y mediante decreto de Alcaldía, se ordenó la suspensión de las obras. «El acusado (Gascón) procedió de esta forma sin instar la demolición de las obras ni la resolución del contrato ni la imposición de una sanción pecuniaria pese a lo arbitrario de su proceder dado que el gerente del negocio, mediante la realización de estos trabajos sin licencia alguna, no solo quebrantaba la legalidad urbanística, sino que además incumplía las condiciones de adjudicación».
Meses más tarde, en noviembre de 2009, el adjudicatario de la concesión presentó una solicitud para legalizar las obras y tanto el alcalde como el técnico le pidieron diversa documentación para llevar a cabo el trámite. Se le dio 10 días de plazo y sin embargo tardó siete meses.
«Patente ilegalidad»
«Pese a la patente ilegalidad que se estaba cometiendo por el adjudicatario, respaldada por el arbitrario proceder del alcalde y el técnico, el primero siguió con la explotación de la concesión sin que en ningún momento el regidor le instara al restablecimiento de la legalidad urbanística y el cumplimiento de las cláusulas de concesión, por lo que aceptó y respaldó el quebranto de la legalidad y el incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, quien concluyó la ilegal ampliación sin que nunca llegara a suspenderse».
Así «siguió con la explotación de la concesión, beneficiándose injustamente de la ilegal ampliación que había llevado a cabo, que es un kiosko de 62 metros y una terraza cubierta de 98 metros más. Mientras tanto el hostelero acumulaba numerosas deudas con el Ayuntamiento, por no pagar el canon de explotación. En 2014, y con el objetivo de favorecer al hostelero, el entonces regidor inició un expediente para adquirir los bienes construidos de forma ilegal y compensar su valor con las deudas que arrastraba el concesionario, algo que no se hizo porque Gascón perdió la Alcaldía al prosperar una moción de censura. El impago de las obligaciones del hostelero siguió hasta que en octubre de 2016 acumulaba 12.680 euros. Ese mes el Ayuntamiento rescindió el contrato. El bar sigue hoy funcionando y el alcalde, Joaquín Hernández, dice que el retraso se debe a los recursos interpuestos. Asegura que si no se va lo desahuciará.
