Una compensación de 300 euros por acudir a un encuentro que en la mayoría de ocasiones no dura ni dos horas. Las reuniones para debatir asuntos relativos a la gestión de las basuras de la Vega Baja cuestan a los contribuyentes una media de 9.600 euros. La junta de gobierno está compuesta por un total de 32 alcaldes, concejales, representantes de la Generalitat y del Consell. Son los encargados de buscar y aplicar soluciones tendentes a ordenar la eliminación de los desechos eliminación de los desechos de forma justa para el contribuyente y respetuosa con el medio ambiente. Pero lo cierto es que después de 10 años de reuniones y más reuniones, no existe ningún proyecto tangible sobre cómo gestionar un asunto que se ha convertido en un problema.
Las «indemnizaciones» que recibe la treintena de políticos adscritos a este organismo son, se supone, en concepto de desplazamiento y dieta. Son 300 euros que deben cubrir el kilometraje hasta el palacio provincial -cuando el municipio más alejado desde la Vega está a 80 kilómetros- y el menú que, a veces, se comen después en el bar. Como mínimo tienen garantizados 600 euros al año por acudir a los dos encuentros que están fijados en los estatutos, uno en junio y otro en diciembre, al margen de los que se convocan con carácter extraordinario. Pero hay más. Además de la junta de gobierno existe otro órgano que es la comisión de gobierno, a la que están adscritos otros 14 políticos. Sus reuniones se celebran cada tres meses y la indemnización, en este caso, es de otros 200 euros. No obstante, aseguran que si las reuniones de los dos órganos coinciden el mismo día, sólo cobran por una. Por descontado, es la de mayor cuantía. Todo ello al margen de sus sueldos, porque los días que acuden a estas reuniones también cobran la nómina.
Desde hace un año y medio el liderazgo del Consorcio lo asume el diputado provincial y alcalde de Rafal, Manuel Pineda. El mismo prometió que habilitaría una planta de transferencia de basuras en seis meses, algo que 20 meses después no se ha cumplido. Se encargó una propuesta a la empresa pública Vaersa, que a través de la Generalitat apostó por ubicar una estación para transferir basuras en Guardamar del Segura y otra en Orihuela con un presupuesto de más de cinco millones de euros. Días después de hacerse público, Pineda dio marcha atrás y dijo que era muy caro, pidiendo otro proyecto distinto. Ahora se quiere buscar financiación europea para que salgan gratis.
Y mientras los alcaldes del Partido Popular acusan al socialista Pineda de falta de capacidad para desatascar la situación, él les recuerda que en ocho años de gestión tampoco consiguieron nada a excepción de enfangar el proceso con el supuesto amaño de la contrata, lo que dio origen al caso Brugal. Y entre declaraciones, promesas y ataques entre unos y otros van pasando los meses y los años, entre reuniones e indemnizaciones.
