La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha impuesto la instalación de contadores volumétricos de las aguas que toman del río Segura a los 17 Juzgados de Aguas y Comunidades de Regantes tradicionales de la Vega Baja. Lo ha hecho bajo amenaza de imponer una multa a cada una de estas entidades de entre 50.000 y 500.000 euros. Los regantes, que llevan siglos regulando el agua que reciben y su distribución entre los miles de comuneros sin necesidad de estos dispositivos, han llegado ahora a un acuerdo para encomendar a una sola empresa la obra civil y la ubicación de los contadores. Estos dispositivos sirven para medir el caudal que reciben, y en este caso la CHS, en una decisión de difícil ejecución técnica, también quiere conocer la que vuelve al río, vigilando el caudal de las acequias de «aguas muertas», las derivadas de los drenajes de los huertos.
Cada uno de los Juzgados de Agua tiene asignado un derecho de riego con aguas del río con un volumen determinado y distribuye en función de unas normas muy claras qué recursos recibe cada una de las tahúllas de los huertos, a través de las tandas. El agua que no se usa en un bancal se reutiliza en otro. Desde siempre, los primeros interesados en aprovechar hasta la última gota, son los regantes. Y es la propia CHS quien controla la que se desembalsa en el río, uno de los más regulados del mundo.
El expediente sancionador llegó a las juzgados el pasado mes de diciembre y se ha archivado una vez que la CHS se ha asegurado de que todos los representantes de los regantes se comprometen a ubicarlo. En abril, el organismo de cuenca, que según las mismas fuentes no ha dialogado ni debatido con los agricultores esta postura, dio un plazo de entre seis meses y un año a las comunidades para abordar las obras.
El coste de la puesta en marcha de los dispositivos es importante. Solo el contador, que en esencia mide en tiempo real qué agua entra en cada una de las azarbes de toma del río, tiene un coste de unos diez mil euros. A esa cifra hay que sumarle en cada uno de los emplazamientos la obra civil, con un presupuesto que puede variar en función de las características de la azarbe desde la que se capte el agua del río. Algunos juzgados de agua pequeños, con solo unos cientos de tahúllas en producción, como Benijófar o Daya Vieja, no pueden permitirse ese desembolso. En estos casos las agricultores van a intentar por todos los medios obtener ayudas públicas.
La imposición de la CHS ha causado indignación entre los regantes. La legislación que ordena a las comunidades de todo el país disponer de un sistema que evalúe los aprovechamientos de agua se remonta a 2009. ¿Por qué se exige ahora? El juez de Aguas del Azud de Alfeitamí, Carlos Barrera, lo tiene claro. «La explicación se llama memorándum -el acuerdo que regula y reduce el agua que reciben los regantes del Trasvase Tajo-Segura»-, que en su mayoría no tienen derechos de aprovechamiento de agua del Segura.
Al ver reducidos de forma importante los aportes que tenían garantizados por el trasvase desde los años 80, Barrera considera que el poderoso Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) es el que ha presionado a la administración, en este caso la CHS, para controlar la dotación histórica del agua del río a la que tienen derecho los regantes de la Vega Baja. Y es que el SCRATS ya ha intentado varias veces «comprar» agua a los regantes, con el argumento de que «teóricamente» a la huerta del Segura le sobra. Barrera, que siempre ha recordado que «los billetes no riegan el campo», se pregunta por qué la Confederación no ordenó la instalación en 2009 y tiene «tanta prisa» ahora.
Además, según la misma fuente «los regantes del trasvase están trasladando la falsa impresión de que este año va a sobrar agua por todas partes después de los temporales de este invierno. La lluvia en la huerta puede haber evitado varios riegos, pero ni mucho menos llovió tanto en la cabecera de la cuenca, que es la que circula por el río», subrayó el juez de aguas almoradidense.
