Un año ha pasado desde que el pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura aprobara la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza del corazón de la ciudad. Situada desde hace medio siglo entre el Ayuntamiento y la Arciprestal de San Martín, en un punto neurálgico del municipio que, siendo históricamente lugar de encuentro, lo es ahora de división entre partidarios del cumplimiento de aquel acuerdo plenario y detractores. En mitad de todo ello, le guste o no, está el alcalde, Fran Maciá (PSOE).
El último capítulo de lo que lleva camino de convertirse en un serial interminable -y un asunto de fe muchas veces es así- lo escribió ayer la Plataforma en Defensa de la Cruz, que anunció que ha interpuesto una querella contra el regidor por un supuesto delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Y no hay que ser adivino para encontrar una relación entre esta decisión de irse a los tribunales y ese acuerdo plenario que se adoptó en mayo de 2016 y que a día de hoy no se ha podido ejecutar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, según entendía el equipo de gobierno puest el Partido Popular votó aquel día en contra del mismo.
¿Por qué no se ha ejecutado la decisión? Entre otros motivos, porque los vecinos se han parapetado en la plaza y, además, se están viendo inesperadamente favorecidos por el hecho de que la Subdelegación del Gobierno autorice sus periódicas concentraciones desde hace meses. Mientras que cuenten con el plácet para concentrarse no hay traslado que valga. En cualquier caso, lo que sí está claro después de la querella es que los vecinos de la plataforma han pasado de una posición de defensa (de la cruz) a otra de ataque (contra el alcalde) y Fran Maciá de tener una espina clavada a un dolor de cabeza que va creciendo.
Visto que no puede hacer cumplir el acuerdo, el regidor ha solicitado a las Cortes Valencianas ayuda aprovechando la tramitación del proyecto de ley de Memoria Democrática y por la Convivencia de la Comunidad Valenciana, para que en esta se habiliten las herramientas, «tanto desde el punto de vista de la colaboración entre administraciones como de espacios de encuentro social -dice el escrito que envió- que generen consensos básicos para su apliación en base a los principios democráticos y de cumplimiento de las leyes que eviten situaciones de desencuentro social como las que se han vivido y se están viviendo en Callosa de Segura». A Fran Maciá lo han escuchado porque es fácil hacer leyes pero a veces no lo es tanto su aplicación. Así acudirá el regidor al Palau de les Corts, donde se reúne la comisión de Justicia, al objeto de trasladar su experiencia y que se incluya en la Ley soluciones a problemas como el que se ha generado en Callosa de Segura y que a medida que pasan los días parece de más difícil solución.
