La Plataforma en Defensa de la Cruz de Callosa de Segura interpuso el pasado viernes una querella contra el alcalde del municipio, Fran Maciá (PSOE), por un supuesto delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Y no hay que ser adivino para encontrar una relación entre este hecho y el acuerdo plenario que se adoptó en mayo de 2016 para la retirada del símbolo, algo de lo cual él ha sido un fiel defensor en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Pero el tiempo ha pasado, el símbolo sigue allí y la movilización ciudadana en contra de dicho acuerdo, al menos por ahora, se está imponiendo. Es más, a diario decenas de vecinas se concentran para evitar la ejecución de la decisión del pleno porque sospechan que en cualquier momento se puede llevar a cabo. De hecho, el Ayuntamiento ha hecho al menos un par de intentonas que han resultado fallidas.
¿Por qué no se ejecuta la decisión? Entre otros motivos, porque los vecinos se están viendo inesperadamente favorecidos por el hecho de que la Subdelegación del Gobierno autorice sus periódicas concentraciones en la plaza. Mientras que cuenten con el plácet para concentrarse no hay obra que valga. Pero la presentación de la querella supone a las claras que los vecinos han pasado de una posición de defensa a otra de ataque y el regidor de tener una espina clavada a un dolor de cabeza que va creciendo.
«La razón de la querella -explica el colectivo en la nota- se debe a que el alcalde denegó por escrito a la plataforma nuestro derecho a obtener información de un expediente como condición de interesado, y lo hizo en represalia por haber acudido a los tribunales en Defensa de la Cruz, llegando a decir que se negaba a cambiar de criterio "hasta que se normalicen nuestras relaciones"». El colectivo considera este hecho como un «inasumible ejercicio de arbitrariedad y una represalia impropia de una democracia».
Evidentemente, el expediente que motiva la querella tiene que ver con la cruz y ellos se consideran interesados en la resolución del mismo. Por eso aclarar que «contrariamente a lo que algunos vecinos esperaban, no se ha interpuesto esta querella por haber adjudicado la demolición y traslado de la Cruz a la escombrera en casi el doble de la cuantía fijada por el técnico municipal; tampoco por haber aprobado la demolición de la Cruz en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y haberse descubierto después documentos por parte de sus socios de gobierno que acreditan que el objetivo real es la eliminación del símbolo religioso». El alcalde no ha hecho comentario hasta ahora sobre esta iniciativa judicial en su contra.
