El Ayuntamiento ha ganado un pleito a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja -la empresa que según sostiene la Fiscalía en el caso Brugal está ligada al empresario Ángel Fenoll, que gestionaba el servicio de recogida de basuras hasta 2012. La mercantil reclamaba 274.197,99 euros por facturas supuestamente impagadas y el juez ha dado la razón a la administración local, por lo que no tendrá que abonarlas.

El portavoz del gobierno oriolano, Rafael Almagro, explicó ayer que este asunto se ha dirimido en el juzgado de lo contencioso administrativo tras un procedimiento iniciado por la empresa. El Ayuntamiento se negó al pago de esa cantidad por dos motivos. El primero, porque alegó que cerca de 180.000 euros en facturas ya se abonaron mediante un plan de pago a proveedores y por tanto la deuda quedó saldada. El resto, que ascendía a 93.600 euros, el Consistorio se negó a abonarlo por no contar con el visto bueno de los técnicos que deben respaldar el pago. Según el edil Almagro, los mismos consideraron que los servicios que se prestaron vinculados a ese importe se realizaron de forma deficiente y no conforme a los términos establecidos en el contrato entre ambas partes. Almagro dijo que todavía quedan varios asuntos judiciales pendientes entre con la UTE, aunque algunos de ellas están supeditados a un procedimiento penal por el supuesto amaño de la contrata que fue rescindida por el Consistorio.

Montepinar

De todo este asunto se dio cuenta ayer en la junta de gobierno, en la que también se dio luz verde al pago de una cuota para seguir ejecutando el Plan de Reforma Interior de Montepinar que asciende a 131.698 euros que tendrán que abonar los residentes. En materia de disciplina urbanística se dio el visto bueno para la construcción de una vivienda unifamiliar en el PAU-21, así como de 64 viviendas, 60 aparcamientos, dos piscinas y zonas comunes. Por otro lado el edil de Deportes, Dámaso Aparicio, informó que ya está en marcha el procedimiento de concesión de subvenciones por un importe total de 200.000 euros, tras la aprobación en junta de gobierno de las Bases reguladoras y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.