El PSOE de Orihuela ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la falta de control del gasto público por parte del equipo de gobierno, desde que PP y Ciudadanos aprobaran, el 27 de mayo del pasado año en el pleno, el sistema de fiscalización previa limitada, que limitaba la labor del interventor al permitir aprobar proyectos sin informe de Intervención. La medida fue rechazada por todos los grupos de la oposición, PSOE, Cambiemos Orihuela y Foro Demócrata. Según la edil socialista, Carmen Gutiérrez, el gobierno municipal "maneja un gasto de 75 millones de euros del presupuesto sin que haya ningún técnico que le pueda advertir si cada partida que se destina a un proyecto es legal o no", como ocurría antes de aprobarse el sistema de fiscalización previa limitada.
Ese sistema fue la fórmula que empleó el gobierno municipal para poner coto a los constantes reparos que recibía por parte del que, hasta marzo, era interventor del Consistorio, Fernando Urruticoechea, quien ganó hace dos meses una plaza en el Ayuntamiento de Torrepacheco al presentarse al concurso por "la persecución constante" que denunció sufría por parte del equipo de gobierno, quien reprochó públicamente en varias ocasiones al funcionario que "entorpecía la gestión económica". De hecho, Urruticoechea puso 26 reparos a proyectos que presentaron los ediles y el alcalde oriolano después de aprobarse el sistema de fiscalización previa limitada advertiendo de su ilegalidad, pero que no pudo parar precisamente porque esa herramienta que aprobó el gobierno les permite la posibilidad de aprobar sin informe de Intervención contratos menores, inferiores a 18.000 euros más IVA. Esos reparos han sido aportados hoy por los socialistas al fiscal anticorrupción.
Para Gutiérrez "el PP ha querido que nadie le pueda decir si lo que hace es legal o no, quieren hacer lo que les venga en gana sin control". Y culpa como responsables de la situación de "descontrol económico" al alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, al edil de Hacienda, Rafael Almagro y al actual interventor accidental por "haber consentido que en un año no haya control del gasto público". "En ese tiempo puede haber muchos gastos que no sean legales y derroches que nadie ha podido detectar", ha señalado. "Si es delito dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad, eliminar el control para que alguien diga si es legal o no deberá serlo también", ha concluído la edil socialista.
