Los extrabajadores de la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega van a cobrar la mitad de las indemnizaciones que les corresponden tras haber sido despedidos de forma improcedente en el año 2012. Un juez ha autorizado el pago de 200.000 euros a los afectados después de que éstos reclamaran que se ejecutara la sentencia que obligaba a compensarlos económicamente. El dinero ha sido depositado por algunos de los Ayuntamientos deudores en una cuenta del juzgado debido a que el magistrado José Antonio Buendía prohibió a los gestores de la entidad que manejaran dinero.
Los 200.000 euros se repartirán entre una decena de exempleados que llevan cinco años esperando a cobrar lo que le corresponde. Los afectados consiguieron embargar la sede de la entidad. Debido al retraso en el abono de las indemnizaciones, el juzgado llegó a advertir que se impondrían multas coercitivas contra los responsables de los impagos, que serían los 11 Ayuntamientos miembros de este ruinoso club, y en última instancia sus alcaldes. La situación, que podría desembocar en el embargo de parte de la nómina de los regidores, facilitó que se llegara a un acuerdo. Fue a finales del pasado año cuando los abogados que representan a ambas partes rubricaron un plan de pagos. Así, la Mancomunidad, integrada por Algorfa, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, Los Montesinos, Redován y San Isidro, San Miguel de Salinas y San Fulgencio se comprometía a abonar los 400.000 euros antes del 31 de diciembre de 2017. A cambio los trabajadores renunciaban al 10% de la deuda y al cobro de las costas judiciales y los intereses.
Aunque inicialmente la deuda se repartía entre diversos consistorios todos han ido pagando lo que les correspondía excepto tres, que siguen debiendo buena parte del dinero. Son Redován, Bigastro y San Fulgencio, que hasta septiembre de 2016 arrastraban una deuda cercana a los 700.000 euros. El dinero deberá destinarse a pagar a los extrabajadores y también a saldar deudas bancarias de la Mancomunidad.
Tensiones entre alcaldes
Así pues los plazos siguen corriendo y si no se pagan las indemnizaciones por despido antes del 1 de enero de 2018, la deuda aumentará otra vez. Esta situación ha generado tensiones entre los municipios. Aunque la mayoría de ellos ya ha saldado los importes, siguen siendo responsables subsidiarios de la Mancomunidad. Por tanto, si los deudores no pagan, el problema lo afrontarán entre todos.
La tensa situación ha motivado que ninguno de los alcaldes quiera asumir las riendas de esta entidad. La última en ostentar la presidencia fue la primera teniente de alcalde de Los Montesinos, Ana Belén Juárez, quien ha estado al frente del proceso de liquidación. Sin embargo la misma presentó un escrito renunciando al cargo y defendió que debía de asumirlo alguno de los regidores que todavía acarrean deudas para buscar soluciones. También lo hizo porque el juzgado les prohibió gestionar dinero y embargó la única cuenta bancaria que quedaba, con un montante de 80.000 euros. Esto fue así porque los trabajadores denunciaron que se estaba pagando a dos personas para trabajar en el cierre de la Mancomunidad y éstos si cobraban sus nóminas, mientras que a ellos no les pagaban. Sin embargo ninguno ha dado un paso adelante y Juárez sigue como presidenta en funciones por la fuerza.
Si antes de que acabe el año no se ha saldado la deuda, los extrabajadores podrán pedir que se subaste la sede, aunque tampoco será suficiente. El inmueble se compró inicialmente por 824.000 euros y un perito la tasó recientemente en 180.000 euros. Otro ejemplo más de la ruina de la Mancomunidad.
