Un edificio público que ha costado seis millones de euros, terminado desde hace 9 meses, y cerrado a cal y canto. Esa es la situación actual del Museo de la Semana Santa, ubicado en pleno casco urbano, junto al Palacio de Justicia de Torrevieja. La principal causa de que no se haya abierto el inmueble es la falta de acuerdo sobre su uso final. El Ayuntamiento quiere que una parte importante de sus tres sótanos y cinco alturas se destine a dependencias municipales, si es la administración la que va a mantener y conservar el inmueble. La Junta Mayor de Cofradías (JMC) reivindica, por su parte, que la apertura se ciña al proyecto con el que se concibió y adjudicó la instalación, con la mayoría de espacios dedicados a albergar y gestionar el patrimonio religioso local. El gobierno de coalición está por la primera opción. La oposición mayoritaria del PP y Ciudadanos, tumbaron esa propuesta en julio de 2016 -la coalición de izquierdas gobierna en minoría-y desde entonces no ha habido avances.
Las obras del Museo de la Semana Santa, a cargo de OHL, culminaron en agosto de 2016. Esa falta de acuerdo sobre los usos ha impedido que los técnicos de la Generalitat hayan recepcionado la obra. Un trámite que es el que permitiría al menos adecuarlo para su apertura al público al margen de la falta de acuerdo. La administración autonómica es la que debe recepcionar porque es la que financió el proyecto.
Este diario ha tenido constancia de que el equipo de gobierno remitió en diciembre pasado esa redistribución de los usos del edificio del Museo de la Semana Santa, que no tiene acuerdo plenario, para intentar lograr la recepción, sin haber recibido respuesta. La Generalitat interpreta, tal y como está expresado el texto ahora, que el acuerdo modifica el objeto con el que se adjudicaron las obras, algo que podría generar problemas legales por el uso que se ha dado al dinero público, en este caso procedente del plan Confianza. Además de no contar con el acuerdo de pleno que valide esa modificación. Sin embargo, el Ayuntamiento entiende que el documento no dice eso. Solo realiza una redistribución, avalada por los técnicos, de los espacios. Una redistribución, considera el Ayuntamiento, que respeta el uso principal del inmueble, aunque cediendo espacios a la administración local que, matiza, es la que se hará cargo del mantenimiento de todo el inmueble y no la Junta Mayor. En julio de 2016, PP y Ciudadanos tumbaron la propuesta realizada por el gobierno de coalición en la que se redistribuían los usos del edificio para dar cabida a dependencias municipales: el tercer y segundo sótanos se dedicaban al museo de la Semana Santa y el primero se convertía en una sala de usos múltiples y eventos.
El acceso principal se disponía para la atención de visitantes con una zona posterior para la estancia temporal de imágenes religiosas. La entreplanta se destinaba a usos administrativos del Ayuntamiento. La primera se mantiene para la Semana Santa, al igual que la segunda. La tercera se dedicaba al Museo del Mar y de la Sal, que está instalado en un local alquilado por el Ayuntamiento desde hace dos décadas; y la cuarta y quinta se disponían para usos administrativos del municipio.
Porcentajes
PP, Cs y Junta Mayor se opusieron a esta redistribución. En el proyecto original, iniciado en 2010 todo el inmueble se dedicaba al museo. Desde que el pleno tumbó esa propuesta la JMC no ha llegado a tener noticias sobre el futuro del espacio. El PP admitió que durante su mandato ya preparó una distribución que reservaba el 40% al uso municipal pero la propuesta actual eleva ese porcentaje al 60%. La decisión de levantar este museo, adoptada en plena crisis, en 2010, fue polémica por la gran inversión prevista. La entidad impulsora de los actos religiosos cuenta desde principios de los noventa con un museo para albergar tronos y patrimonio religioso. La JMC mantiene que el actual museo es muy insuficiente, algo que se ha podido comprobar la pasada Semana Santa, para realizar esa función museográfica. La entidad ya ha recordado que en caso de que el Ayuntamiento resuelva por su cuenta, sin acuerdo, hará valer donde sea necesario la resolución de la adjudicación y el proyecto donde se señalan los usos.
