Los principales abogados urbanistas de la Vega Baja, que trabajan a su vez para las principales empresas promotoras de la provincia, han rubricado un manifiesto en el que reclaman a la Generalitat que modifique los criterios por los que está limitando el crecimiento urbanístico de la comarca. En especial, cuestionan que la única alternativa que ofrezca la Generalitat a la limitación de la creación de nuevas zonas residenciales sea un acuerdo entre todos los municipios de la comarca a través de un Plan de Acción Territorial, que rechazan; e inciden, sobre todo, en que se modifique la fórmula matemática que establece los márgenes posibles de nuevas zonas urbanas.

Esa fórmula se aplica a través de la denominada Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV)Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV, aprobada en 2011 y derivada de la legislación europea para promover un crecimiento sostenible, ante el desarrollo urbano en un recurso limitado como es el suelo. Estos profesionales, con una larga trayectoria en el principal sector económico de la comarca, advierten que la ETCV «desconoce y obvian la realidad socioeconómica del turismo residencial, verdadero motor económico del territorio litoral», soporte de «numerosas empresas y autónomos» y de gran parte de los recursos que financian los servicios públicos. La aplicación «literal» de la ETCV está generando «graves disfunciones políticas y sociales».

Los letrados, que acudieron como ponentes y asistentes a las Jornadas sobre Urbanismo celebradas el martes en Torrevieja, responden de esta forma al mensaje trasladado durante las conferencias por altos cargos técnicos del Consell en el sentido de que no se va abrir la mano a la hora de aplicar esta legislación. Como alternativa el Consell pide una acuerdo de todos los municipios de la comarca o lograr que el suelo residencial compute como una actividad económica, modificando el concepto de turismo residencial, algo que forzaría la regulación fiscal de todas las viviendas.

«Es imprescindible» a su juicio «acometer una reforma de la ETCV, matizando las fórmulas que regulan los indicadores de consumo de suelo, instando al reconocimiento del modelo turístico residencial com un activo económico de primer orden, y no como algo negativo, evitando así la generación de modelos de decrecimiento que dan lugar a importantes tensiones económicas».

En opinión de estos abogados «los indicadores de consumo de suelo basados en fórmulas matemáticas», que a su vez se sustentan «en prejuicios territoriales» y adoptadas sin la suficiente participación ciudadana «generan conflictos entre la Generalitat y los municipios afectados».

El escrito no lo cita, pero entre esas poblaciones figura Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Orihuela, Daya Vieja o Almoradí, que iniciaron la redacción de sus planes generales antes de que se aplicara la ECTV y que han visto recortadas sus expectativas de «liberar» suelo hasta en un 75% a su solicitud inicial.

Imprescindible la revisión

Los abogados insisten en que «es necesario un nuevo enfoque de la política territorial y urbanística en relación a los municipios turísticos residenciales y conocer su realidad socioeconómica, caracterizada por la presencia de un tipo de turismo específico, el residencial, que permite la captación de recursos económicos de otras regiones de España y Europa».

Los profesionales y empresas expresan su «preocupación» por el anuncio de la aprobación de una nueva modificación de la legislación de la ordenación del territorio, y en especial por «la problemática que se está generando» en la tramitación de los planes urbanísticos de los municipios en los que el turismo residencial es un motor socioeconómico de gran influencia y relevancia, y por «ello (debe) ser acreedor de un trato equitativo y razonable en la política legislativa y territorial de nuestra comunidad».

El manifiesto descarta la propuesta de la Generalitat de abrir la posibilidad a mayores crecimientos con la elaboración de un Plan de Acción Territorial consensuado por los 27 municipios de la comarca.

Los expertos urbanistas explican que los planes territoriales, tal y como se están concibiendo en los últimos años, sustituyen a los planes generales municipales «quizás sobre la base del prejuicio de atribuir a los municipios, a sus representantes y, por extensión a su sociedad civil, toda la responsabilidad sobre los errores que se hayan podido cometer en materia territorial, con especial incidencia en la provincia de Alicante. Algo, aseguran, que puede generar una importante «confusión entre lo que es la comarca, las competencias constitucionales de los municipios».

Firmantes

Entre los firmantes del manifiesto figuran Rafael Martínez Campillo, Rafael Ballester Cecilia, Enmanuel Esquiva Bailén, Abel García, José Enrique Arques, Cristóbal Ruíz Francisco Gómez, Tomás Conejero Guillén y Ernesto López de Atalaya Alberola.