ETCV: son las siglas de una auténtica pesadilla para abogados urbanistas y alcaldes con ambiciones de crecimiento «como el de antes de la crisis» en la Vega Baja. Las siglas de Estrategia Territorial de la Comunidad. Aprobadas por la Generalitat en 2011 en adaptación a una normativa europea para limitar crecimientos insostenibles y que «queman» un recurso limitado, como lo es el agua o la energía: el suelo.
La Generalitat no tiene intención de abrir la mano a las demandas de crecimiento de la Vega Baja modificando esa normativa. Se va a ceñir a lo que dispone ahora. Lo que se traduce en reclasificaciones muy discretas con respecto a la que demandan ayuntamientos y promotores. Eso es lo que ha dicho hoy el subdirector de Ordenación del Territorio, Vicente Doménech, en su intervención en las Jornadas de Urbanismo organizadas por el Colegio de Abogados de Orihuela, de la mano del Ayuntamiento de Torrevieja. Las jornadas han sido inauguradas por el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) en el Centro de Desarrollo Turístico.
El alto funcionario de la administración autonómica solo ha planteado dos posibilidades, más teóricas que prácticas, para intentar flexibilizar, que es lo que plantean ayuntamientos y promotores. La primera: que el uso de suelo para construir vivienda turística se considere como terreno ocupado para una actividad económica, como el terciario o el industrial. Lo que permitiría que esos suelos no se computaran exclusivamente como residenciales, también con el valor añadido de generar una actividad económica. Sin embargo, el técnico ha aclarado que para cumplir esta premisa todas las viviendas tendrían que estar registradas como actividad económica, reguladas también desde el punto de vista fiscal, y lograr que el turismo residencial sea contemplado como el turismo convencional desde el punto de vista legal.
La otra alternativa: la elaboración de un Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, en el que se deberían poner de acuerdo los 27 municipios de la comarca a la hora de situar las nuevas zonas de crecimiento, pero que a su vez permitiría que éstas fueran mayores. Algo que el propio Doménech calificó de difícil ejecución -además de suponer una tramitación de varios años-y que podría haber municipios «beneficiados» en perjuicio de otros. El técnico recordó un caso de éxito en este sentido, el de la huerta de Valencia, donde se ha logrado consenso y explicó que el Bajo Segura cuenta con la huerta más importante de Europa. Otra cosa, matizó es que la sociedad comarcal se ponga de acuerdo en qué hacer con su territorio. Promotores y políticos replicaban ayer que esas zonas no «viven» del turismo residencial, además de recordar las dificultades para llegar a cualquier acuerdo entre municipios, sin ir más lejos, el consorcio comarcal de basuras, cuyo único acuerdo concreto en dos años ha sido la contratación de sus servicios de imagen corporativa y comunicación.
Fórmula
A través de una fórmula matemática que cifra la ocupación del suelo, con distintas variables, como el tamaño actual del suelo consolidado sobre el total del municipio o su población la ECTV fija la cifra exacta de suelo que puede reclasificarse en un periodo de dos décadas. Es la fórmula que impiden en estos momentos que se vayan a aceptar las previsiones de liberar suelo terreno propuestas por la mayor parte de municipios que llevan años revisando planes generales de ordenación urbana.
Está ocurriendo en Orihuela, Los Montesinos, San Miguel de Salinas (que tiene previsto retomar de nuevo el PGOU tras ver cómo el Tribunal Supremo tumbaba su anterior proyecto iniciado en 2003), Almoradí, Daya Vieja o Benejúzar. Solo dos de los planes urbanísticos que quedan por ejecutar en Orihuela Costa y previstos desde 1990, colmatan cualquier perspectiva de reclasificación de suelo para este término municipal durante las próximas dos décadas.
