Una promotora deberá indemnizar con 4.526.252 euros a una comunidad de propietarios de Orihuela Costa a la que vendió, como elemento común a las viviendas, una zona verde y una piscina construida en una parcela que no era suya, sino del Ayuntamiento oriolano. La Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Alicante que fija esta compensación para los vecinos, tras desestimar el recurso de casación interpuesto por la empresa -integrada en uno de los principales grupos inmobiliarios de la provincia-.

El auto del Supremo, fechado el pasado 22 de marzo y dado a conocer desde la base de datos de sentencias del Consejo General del Poder Judicial, entiende que Promoplus Internacional SA incurrió en una «infracción contractual» al encontrarse la piscina entregada «en terreno municipal». Un juzgado de Torrevieja, según la sentencia, reconoció en junio de 2013 a la comunidad de propietarios El Mirador de los Altos su derecho a ser indemnizada con 5,4 millones de euros.

Promoplus Internacional, recurrió esa sentencia y, en diciembre de 2014, la Sección Novena de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, dictó otra por la que rebajó la indemnización a 4,5 millones. Según esa resolución, la promotora ofreció a sus clientes una «piscina comunitaria para adultos y niños y amplias zonas verdes comunitarias» y el contenido de esa publicidad «no solo debe ser veraz y no engañoso» sino que vincula al ofertante «aun cuando no se especifique en el contrato».

«La información a la que llegó la comunidad se la proporcionó el propio Ayuntamiento a su requerimiento y era clara: la parcela V de 3.400 metros cuadrados es de titularidad municipal», y el consistorio «pretendía sacar a licitación la piscina», añaden los magistrados. La piscina, que hasta ahora sí han usado los propietarios, algo que pudo comprobar ayer este diario, «se ha ubicado en terrenos que no pertenecían a la promotora», y pensar que ésta pudiera «obligarse en el contrato respecto de una parcela que no le pertenecía resulta inadmisible». Por otro lado, «las posibilidades de que la demandada accediese a algún tipo de contrato con la administración que le permitiese al menos atribuir el uso exclusivo de la piscina a los propietarios del complejo, no se adivina como factible, dada la naturaleza del bien».

La sentencia no entra a indagar cómo la promotora incluyó sobre la parcela dentro de su residencial sin que lo advirtieran los técnicos de Urbanismo y responsables públicos del municipio oriolano a la hora de recepcionar las obras. El municipio, directamente afectado, además no aparece personado en el procedimiento. Ni tampoco hay constancia que la instalación sea ahora de uso público o se haya licitado. El equipo de gobierno del PP no se pronunció ayer sobre este asunto al ser consultado.