ETCV. Son las siglas de una auténtica pesadilla para abogados urbanistas y alcaldes con ambiciones de crecimiento en la Vega Baja "como los de antes de la crisis". Son las siglas de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Aprobadas por la Generalitat en 2011 en adaptación a una normativa europea que pretende acabar con crecimientos de suelo urbano del 80% que no están en consonancia con la demanda demográfica y que "queman" un recurso limitado, como lo es el agua o la energía: el suelo.
La Generalitat no tiene ninguna intención de abrir la mano a las demandas de crecimiento de la Vega Baja modificando esa normativa. Se va a ceñir a lo que dispone ahora. En concreto, en ese aspecto tan importante para la economía comarcal, el de liberar suelo para construir nuevas urbanizaciones, que está fijado en la ETCV. Eso es lo que ha dicho hoy el subdirector de Ordenación del Territorio, Vicente Doménech, en su intervención en las Jornadas de Urbanismo organizadas por el Colegio de Abogados de Orihuela, de la mano del Ayuntamiento de Torrevieja.
El alto funcionario de la administración autonómica solo ha planteado dos posibilidades, más teóricas que prácticas, para intentar flexibilizar, que es lo que plantean ayuntamientos y promotores. La primera: que el uso de suelo para construir vivienda turística se considere como terreno ocupado para una actividad económica, como el terciario o el industrial. Lo que permitiría que esos suelos no se computaran exclusivamente como residenciales, también con el valor añadido de generar una actividad económica. Sin embargo, el técnico ha aclarado que para cumplir esta premisa todas las viviendas tendrían que estar registradas como actividad económica, reguladas también desde el punto de vista fiscal, y lograr que el turismo residencial sea contemplado como el turismo convencional desde el punto de vista legal.
La otra alternativa: la elaboración de un Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, en el que se deberían poner de acuerdo los 28 municipios de la comarca a la hora de situar las nuevas zonas de crecimiento, pero que a su vez permitiría que éstas fueran mayores. Algo que el propio Doménech ha calificado de difícil ejecución -además de suponer una tramitación de varios años-, teniendo en cuenta iniciativas para consensuar, por ejemplo, suelos industriales mancomunados, que no logran salir adelante en otros puntos de la Comunidad Valenciana, con población y número de municipios implicados de mucha menor entidad.
Fórmula
La ECTV, -a través de una fórmula matemática que cifra la ocupación del suelo, con distintas variables, como el tamaño actual del suelo consolidado sobre el total del municipio o su población-, la que impiden en estos momentos que se vayan a aceptar las previsiones de liberar suelo terreno propuestas por la mayor parte de municipios que llevan años tramitando sus respectivos planes generales de ordenación urbana. Es el caso de Orihuela, Los Montesinos, San Miguel de Salinas (que tiene previsto dar sus primeros pasos tras ver como el Tribunal Supremo tumbaba su anterior proyecto iniciado en 2003), Daya Vieja o Benejúzar. Por ejemplo, solo dos de los planes urbanísticos que quedan por ejecutar en Orihuela Costa y planteados desde 1990, colmatan cualquier perspectiva de reclasificación de suelo para este término municipal durante las próximas dos décadas.
Las ETCV restringen cualquier reclamación de reclasificación de suelo como una prolongación de los cascos urbanos ya consolidados, "la ciudad compacta", en especial porque es un modelo que consume menos recursos en servicios públicos. Además limitan en muchos casos a la mínima expresión cualquier propuesta de creación de nuevos suelos urbanos aislados: el modelo en el que se ha basado el motor económico de la Vega Baja, la construcción de vivienda turístico residencial, viviendas vacacionales o segundas residencias. Por ejemplo, el PGOU de Los Montesinos planteaba reclasificar dos millones de metros y en estos momentos las revisiones lo rebajan a poco menos de medio millón.
Doménech ha explicado, anticipándose a las demandas de la concurrencia, esas restricciones ante los responsables políticos y técnicos de muchos de esos municipios, además de conocidos abogados urbanistas, que trabajan tanto para las principales promotoras dueñas de terrenos, como, en algunos casos asesores de esos municipios. Lo han escuchado responsables de promotoras como TM, Mahersol, Marjal. También se encontraban entre el público veteranos letrados en el sector como Enrique Serrano o Rafael Martínez Campillo. O los alcaldes de Daya Vieja, Rafael Vives, Los Montesinos, José Manuel Butrón, el edil de Urbanismo de San Miguel de Salinas, Sergio Correas o la promotora del evento, la edil Fanny Serrano, concejal de Urbanismo de Torrevieja, ciudad que quiere licitar la redacción de la revisión del PGOU.
