A algunos trabajadores del Ayuntamiento de Albatera se les ha acabado la paciencia y han decidido llenar las calles del municipio de carteles con críticas al equipo de gobierno y exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. Funcionarios critican la paralización de la negociación para impulsar un nuevo convenio colectivo y dicen estar hartos de promesas incumplidas del bipartito, formado por el PSOE y UPyD, con el respaldo de Ciudadanos, y que preside la alcaldesa, Rosario Ballester.
Algunos de los pasquines que hasta ayer se podían leer en farolas y distintas fachadas decían «El personal del Ayuntamiento está harto de la precariedad laboral. ¡Respeto ya!»; «Los responsables de la Concejalía de Personal son incapaces de llegar a acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores»; o «El tripartito que gobierna el Ayuntamiento paraliza la aprobación de un convenio laboral incumpliendo sus promesas a los trabajadores». Muchos de ellos desaparecieron ayer porque el Consistorio ordenó su retirada.
Al tiempo que estos carteles aparecían en diversas calles de la localidad, tres agrupaciones sindicales ( UGT, Comisiones Obreras y Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana) redactaron un documento en el que se criticaban las «trabas y dilaciones» que viene imponiendo el equipo de gobierno para atender sus reivindicaciones.
Por una parte, los sindicatos piden la puesta en marcha de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El Ayuntamiento delegó su redacción en la Diputación en septiembre. Sin embargo, según los sindicalistas, desde entonces se ha estado preguntando al gobierno local en qué punto se encuentra la misma pero esa petición «no ha sido atendida». Por otra se solicita la adhesión al II Acuerdo marco de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que es un convenio laboral básico y ajustado a derecho. En ese sentido, esgrimen que el que está en vigor es un acuerdo colectivo que data de 1998 y que está desfasado.
Los trabajadores piden que se regulen las deducciones por incapacidad temporal, el reconocimiento de trienios y desglose de salarios del personal laboral, la revisión del plan de pensiones, el calendario laboral o las horas extra, pues algunos funcionarios apuntaron ayer que se pagan incluso a un precio inferior al que se cobra la hora común.
Dichos acuerdos se iban a debatir en mesa de negociación el 20 de marzo, pero el edil que ostentaba las competencias de Personal dimitió y las asumió la propia alcaldesa. Sin embargo, ésta retiró todos los puntos del orden del día y sólo se trató el que incluía los complementos específicos para habilitados nacionales, «quedando paralizada toda posible negociación en materia de personal».
Lo cierto es que no es la única protesta a la que se enfrenta Rosario Ballester en el único año en el que ostentará la Alcaldía durante esta legislatura. En julio, varios policías se plantaron en un pleno con carteles criticando que se le iba a aprobar un sobresueldo de 618 euros a dos trabajadoras sociales mientras no se hacía caso a las reivindicaciones del colectivo de agentes.
