Los juzgados han tumbado la reclamación de la empresa de recogida de basura, Acciona, para que el Ayuntamiento le compensara por el sobrecoste de trasladar los residuos directamente desde las calles al vertedero, tras la clausura municipal de la planta ilegal de transferencia de La Marquesa, a finales de 2012.
La resolución del juzgado de Lo Contencioso de Elche dice que Acciona no puede reclamar con el argumento de la existencia de una instalación que era «ilegal» y que incluso el Ayuntamiento, ni tan siquiera reconocía oficialmente que existiera -aunque funcionó de 2006 a 2012-.
La empresa, que sigue siendo, de forma voluntaria -no tiene contrato con el Ayuntamiento desde junio de 2016-, la encargada de la recogida de residuos y limpieza en la ciudad, no cuantificaba cuánto le está suponiendo trasladar la basura con sus camiones de recogida hasta Elche, sin pasar por una estación intermedia, algo que reduce costes en vehículos y combustible. La firma, según dio a conocer ayer la edil de Actividades, Fanny Serrano (PSOE), emprendió acciones judiciales después de que el Ayuntamiento, en junta de gobierno, rechazara dos recursos de la mercantil. La edil ha calificó como «curiosa» el fallo en la que se habla del uso de una planta de trasferencia «que supuestamente nunca existió». El fallo dice que el Ayuntamiento consintió la existencia durante un tiempo de las instalaciones clausuradas y que sobre la situación «de hecho existente» se calculó en un momento «la retribución del contratista», pero que no se «discute» que las instalaciones provisionales que Acciona construyó para utilizarlas como planta de transferencia de residuos sólidos se realizaron «al margen del contenido del contrato concesional». De hecho el pliego citaba otros terrenos como ubicación, en Lo Romero, en Los Montesinos, y además el de La Marquesa se abrió «sin ningún tipo de licencia municipal que habilitara su funcionamiento». La adjudicación se otorgó a Acciona en 2004 pese a esta grave carencia, principal causa de los informes en contra de los técnicos en contra de adjudicar a Accione, que el entonces alcalde Pedro Hernández, rebatió con un contrainforme de un despacho de abogados ligado a la empresa, para decidir finalmente el contrato multimillonario a favor de la multinacional. Algo que, años después, costó a Hernández una condena de tres años de cárcel por falsedad documental y prevaricación. El auto, frente a lo que mantenía Acciona, recuerda que «el concesionario era consciente de la irregularidad de la situación como demuestra el hecho de que solicitara licencia para la construcción de las instalaciones definitivas que venían en el contrato concesional». Contra estas sentencias todavía cabe recurso de apelación «por lo que estamos a la espera de lo que haga la empresa», matizó la concejala.
Licencia
Antes del contencioso reclamando el sobrecoste, la empresa interpuso otro por el hecho de que el Ayuntamiento le desestimara haberle la solicitud de licencia de obras para la propia planta de transferencia -que funcionaba de forma irregular- en el Paraje de La Marquesa, porque el Ayuntamiento entendía que la licencia que concedió en su día el edil de Urbanismo (Francisco Moreno) en contra de los informes de los técnicos, caducó por que no se iniciaron las obras dentro de los seis meses que marca la ley.
La planta estuvo funcionando sin licencia hasta que se produjo, en 2012, «la denuncia primero del PSOE y después de Fiscalía», contra el edil de Actividades en aquel momento, Francisco Moreno, por otorgar licencia de obras a la planta «que ya funcionaba de forma ilegal». El procedimiento se archivó en función de la declaración de un alto cargo de la Generalitat en el anterior mandato que sostuvo que no era necesaria la evaluación ambiental para ese tipo de instalaciones y la licencia era adecuada. El sobreseimiento está recurrido en apelación por los denunciantes. Serrano dijo que van a incorporar ahora estas dos resoluciones al recurso.
