El juzgado de Instrucción 5 de Torrevieja ha dado carpetazo en tiempo récord -menos de dos meses- a la denuncia que el Partido Popular (PP) presentó por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos contra el acuerdo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja para prorrogar 15 años el alquiler de la empresa del parque acuático del suelo municipal para continuar con su actividad. El magistrado Luis Gómez decreta el archivo provisional y el sobreseimiento de las actuaciones porque no aprecia indicios de delito en la actuación del alcalde José Manuel Dolón y la teniente alcalde Fanny Serrano, a la hora de validar, junto al resto de miembros de la junta de gobierno,un acuerdo con la empresa explotadora el mayo de 2016 con el objetivo de prorrogar el uso del terreno municipal durante 15 años más. El Partido Popular recurrirá el archivo.
El juez considera los hechos como una «cuestión de mera ilegalidad administrativa, no existiendo indicios de la comisión de un presunto delito de prevaricación, de malversación o de fraude y exacciones ilegales» que era lo que señalaba la denuncia. El PP aseguraba que el expediente se tramitó por un órgano municipal que no le correspondía -Turismo en vez de Patrimonio-; que no procedía la prórroga del contrato al haberse omitido varios trámites previos, y en especial, que el precio de arrendamiento anual fijado es muy inferior al real al no haberse valorado correctamente toda la superficie -el canon anual fijado es de 248.000 euros, cinco veces más que el que cobrara el municipio antes- pero el PP considera, que en función de su valor catastral de 23 millones euros el perjuicio para las arcas municipales podría ser de 11 millones durante todo el periodo de prórroga- . Sin embargo, el juez argumenta que los denunciantes, el grupo municipal del PP en Torrevieja, «dispone» para dilucidar estas supuestas irregularidades «de numerosos instrumentos administrativos» a través de los cuales se «pueden combatir» las decisiones y resoluciones que a lo largo de un expediente administrativo se pueden acordar». Para el juez el «ámbito penal es la última ratio a la que acudir, no pudiéndose convertir los tribunales (penales) en revisores de toda decisión administrativa que no sea conforme con el ordenamiento administrativo». Algo que relegaría, a juicio del magistrado, la «intervención y control» de los tribunales contenciosos administrativos a un plano «residual»
Ruedas de prensa
Los principales responsables del partido local, Eduardo Dolón y Joaquín Albaladejo, denunciaron públicamente la operación de arrendamiento antes de que fuera legalmente efectiva, y reclamaron la dimisión del primer edil por una denuncia que también afectaba a los técnicos. Eduardo Dolón registró la denuncia al Palacio de Justicia el 1 de febrero, seguido por sus concejales.
