El Ayuntamiento de Orihuela quiere soluciones que abaraten el coste de trasladar la basura hasta los vertederos autorizados y las quiere cuanto antes. El alcalde, Emilio Bascuñana (PP), aseguró ayer que la falta de una planta de transferencia de desechos ha supuesto ya un millón de euros en sobrecostes. El regidor manifestó su hartazgo porque las propuestas del Consorcio de Residuos de la Vega Baja se quedan en eso, en propuestas que no se materializan. Dijo que si los socialistas y la Generalitat no son capaces de solucionar este asunto, lo que tienen que hacer es dar libertad a los municipios porque Orihuela se plantea impulsar su propia estación para transferir los desechos y con ello reducir costes.
Bascuñana se reunió ayer con el presidente del Consorcio, Manuel Pineda (PSOE). Trasladó que en ese encuentro «le insistió en que den ya una solución». «Si no pueden hacerlo mediante una gestión indirecta y tampoco como Consorcio, porque no tienen medios propios, que nos den libertad a los municipios y buscaremos soluciones para Orihuela».
El regidor dijo que la propuesta inicial de Vaersa, que es construir una planta de transferencia en Orihuela y otra en Guardamar, por más de 5,3 millones de euros, no sirve porque dispara todavía más el coste de las basuras y lo que se busca es precisamente lo contrario. Insistió además en que el municipio no tiene terrenos públicos y adecuados para disponer de esa planta de transferencia. Aseguró que la única parcela municipal que dispone en el polígono Puente Alto es inviable porque por encima pasa una línea de alta tensión. «Le he dicho (a Pineda) que si no pueden hacerlo a través de Vaersa que lo saquen a concurso. Si no nos dan soluciones lo tendremos que hacer nosotros», señaló ayer tras la reunión.
Para Bascuñana, «no es admisible que diga que estamos entorpeciendo el proceso, que eche balones fuera y culpe a Orihuela y al PP. La responsabilidad es suya. Se han equivocado en la propuesta que han hecho porque no se abarata el servicio, se encarece. Sacar la planta a licitación es un tema complejo, pero no lo descartamos».
Abogacía
Por su parte, los populares de la Vega Baja ponen en duda que la empresa pública Vaersa, dependiente de la Generalitat, pueda gestionar las dos plantas de transferencia previstas en el marco del proyecto de gestión del Plan Zonal. El portavoz del PP en el Consorcio, Emilio Fernández, quien es alcalde de Redován, esgrime que la Abogacía de la Generalitat ha valorado la posibilidad de que Vaersa pueda constituirse como medio propio de los Consorcios de Residuos y no es algo que resulte sencillo. En ese informe se apunta a que el ente consorciado de la Vega Baja tendría que formar parte del capital de Vaersa y no con una sola participación, sino con más. Además, tendría que integrarse en los «órganos decisorios» de esa firma, como es el consejo de administración y la junta general de accionistas. También habría que tener en cuenta que se cumplen los criterios y principios en materia del sector público valenciano relativos a la reducción del sector público como medida de contención del gasto y a la consecución de la estabilidad presupuestaria.
Según indicó Fernández, la compra de esas acciones o participaciones en Vaersa debería de estar avalada por todos los Ayuntamientos que conforman el Consorcio, que son los 27 municipios de la Vega, y éste no tiene tan claro que los secretarios de los Ayuntamientos estén de acuerdo con esa operación.
«El problema es la falta de información porque hay cuestiones que no nos cuenta el responsable del Consorcio. ¿Por qué no ha explicado lo que dice la Abogacía de la Generalitat sobre la compra de participaciones en Vaersa? Ellos decían que con una participación sobraba, pero no es así. La ley no dice cuántas y no nos han contado si manejan algún plan alternativo. Lo que sabemos es que la compra de una acción, tal y como estaba previsto, no es válida», concluyó.
