El Ayuntamiento de San Fulgencio ha adjudicado a la mercantil Gimmsa un contrato de más de 2,5 millones de euros para que durante los próximos cuatro años realice el servicio de mantenimiento y conservación de zonas arboladas, ajardinadas, vegetación de viales y recogida de podas. La cesión de la contrata ha sido criticada por el Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), que destaca que el pliego de condiciones fue rechazado por el departamento de Intervención, que desaconsejó la operación al estimar que su elevada cuantía obligaría al Ayuntamiento a tener que subir impuestos para cuadrar las cuentas.

Desde el PIPN tildan de «disparate» que el alcalde, Carlos Ramírez (PP), se empeñara en sacar adelante esta adjudicación porque Intervención advirtió que no había consignación presupuestaria para llevarla a cabo. En concreto el servicio salió a concurso por 2.697.194 euros, IVA incluido, y según este grupo de la oposición se ha adjudicado por 529.408 euros anuales , para cuatro ejercicios, más el 21% de IVA.

El motivo por el que Intervención rechazó esta adjudicación era que el presupuesto de San Fulgencio asciende a 7,8 millones, por lo que el coste total del contrato superaba los 10% delos recursos ordinarios de las cuentas en vigor. La interventora señaló además que para este año 2017 se prevé una disminución de los tributos que el Ayuntamiento recibe del Estado de cerca de 385.000 euros debido al descenso del número de habitantes. Todo ello mientras el Consistorio, a fecha de agosto de 2016, mantenía una deuda de 7,1 millones.

Por todo ello concluyó que «no se recomendaba la aprobación del expediente de contratación» dado que además «suponía un incremento con respecto al anterior contrato de 85.648 euros anuales».

Sin embargo el equipo de gobierno siguió adelante y el Ayuntamiento aprobó el pliego de cláusulas para sacar a licitación el contrato. Esto motivó que el PIPN registrara una denuncia que está admitida a trámite «y no descartamos presentar una querella por la vía penal contra todo aquel que haya votado a favor en este asunto».

Denunciar

Con todo ello, desde el PIPN señalan que «nos hemos visto en la obligación de denunciar estos hechos porque nuestro partido sí se preocupa por los intereses municipales ya que con este contrato hay una subida con respecto al anterior de 242.235,68 euros en sus cuatro años de duración y no estamos dispuestos, como en años anteriores, a hacer muchísimas modificaciones de crédito para poder pagar a la empresa adjudicataria, ya que la previsión a cuatro años por parte de Intervención no es posible llevarla a cabo sin la mencionada subida del IBI».

Desde el PIPN aseguran que «el día siete de marzo hubo un pleno en el cual se les preguntó uno por uno a los concejales del equipo de gobierno si habían leído el pliego de condiciones y los informes de Secretaría e Intervención, contestando uno por uno que no los habían leído. ¿Cómo es posible que en un asunto tan importante y tan grave no se molestaran ni en leer la documentación?».

Desde la oposición señalan que la adjudicación se formalizó en un pleno el 15 de marzo. Sin embargo aseguran que antes de la sesión no se les facilitaron las ofertas que habían hecho las empresas y tampoco el informe de Intervención. «Para nuestra sorpresa en el mismo pleno el alcalde quería incorporar un documento que según él era el informe de Intervención y nosotros nos negamos, ya que no lo habíamos visto ni estaba en la documentación».

Mantienen además que el informe que faltaba se les facilitó un día después, cuando ya estaba adjudicado el contrato a la empresa, siempre según su versión.

Ahora dicen que «las puntuaciones que se han dado a las empresas en la apertura de las plicas son muy sospechosas a la vez que inexplicables» y plantean ampliar la batalla judicial.