La comparecencia de Manuel Pineda (PSOE) ayer como presidente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja no se limitó a trasladar información institucional. Pineda aprovechó la rueda de prensa convocada por dicho organismo público para hacer política y cargar las tintas contra el Partido Popular (PP), a quien responsabilizó de la situación de parálisis que viene sufriendo la comarca en la última década en relación a la gestión de las basuras. Así, el socialista vinculó a los populares con la corrupción y dijo que dicho partido «ha apostado durante 10 años» por el modelo de gestión del vertedero de La Murada, mientras que «el único objetivo que tenían era financiar ilegalmente su partido». «Recuerden que el PP es el partido imputado».
Pineda rompió ayer el tono de consenso que venía empleando en sus últimas comparecencias públicas. El también líder del PSOE en la Vega dijo que, llegados a este punto, tiene claro que «el PP de la Vega Baja no hará nada a favor del Consorcio ni de los ciudadanos, sólo pondrá palos en las ruedas aunque eso suponga perjuicios para los vecinos». «Sólo quieren sacar rédito político, como con el discurso del agua, con los agricultores, con el valenciano o con los residuos».
Las declaraciones de Pineda llegan después de que en las últimas semanas haya visto cómo se tambalea el proyecto que la izquierda valenciana había ideado para habilitar las dos plantas de transferencia de la Vega. En Guardamar, donde el PP ya ha mostrado su intención de impedir la planta, y en Orihuela, cuyo equipo de gobierno le ha dicho que no le vale la propuesta que se les ha puesto encima de la mesa.
Colaboración
«Quiero indicarles que si no estan de acuerdo con esas dos ubicaciones que colaboren para ver la habilitación de otras ubicaciones. El 'no es no' no puede ser la respuesta. Estamos abiertos a iniciar cualquier otro tipo de procedimiento administrativo», prosiguió Pineda. El presidente del Consorcio dijo que las demás comarcas de Alicante que en su día habilitaron instalaciones para gestionar sus residuos pudieron acceder a subvenciones europeas que abarataron los costes. Sin embargo, prosiguió, en esta comarca «con estos 10 años de retraso el PP ha condenado a los 400.000 habitantes de la Vega. Si no conseguimos abaratar los costes tendremos que pagar los cinco millones de las plantas. El modelo del PP es el modelo de La Murada (en relación al vertedero de Proambiente) y el modelo del caso Brugal».
