El grupo mayoritario de la corporación de Guardamar del Segura, el Partido Popular (PP), se posicionó ayer en contra del proyecto para ubicar una estación de transferencia de basuras en el municipio. Los populares creen que una instalación de este tipo generará numerosos perjuicios económicos y ambientales. Desde olores hasta un continuo trasiego de camiones que provocará ruidos y contaminación. Y eso es algo que, según el PP, no se puede permitir en un municipio dedicado al turismo.
Los populares llevarán al próximo pleno una moción contra la instalación de esta planta de transferencia de basuras en la localidad y para instar al Consell y al Consorcio de Residuos a buscar otras localizaciones. Consideran que si se aprueba el proyecto, «dejaremos de ser un destino turístico de bienestar y descanso por la imposición de la Generalitat con la connivencia del alcalde socialista, José Luis Sáez», manifestó la portavoz, Carmen Verdú.
La moción de los populares obligará a los diferentes grupos políticos a posicionarse. Los socialistas (7 ediles), en el gobierno, defienden disponer esa planta en el municipio, en concreto en la partida del Pallaret, pero no cuentan con mayoría absoluta en el pleno, por lo que parece que la oposición tienen mucho que decir. Con el PP en contra (8 concejales), ahora está por ver qué votan los dos concejales de Esquerra Unida y de Queremos Guardamar. Su voto será fundamental para aprobar o no esta moción del PP y también para tramitar la cesión de terrenos, que sería el primer paso para construir la instalación.
El PP defiende que muchos son los problemas que generaría ese proyecto, como «el olor que provocará la planta en una zona rodeada de urbanizaciones de lujo y centros residenciales». «Hay muchos proyectos previstos en la zona que se perderán cuando los promotores vean que se ponen al lado de una planta de basuras», advirtió ayer Verdú. La misma valoró que «los presuntos diez puestos de trabajo que se crearán en la instalación se perderán en otros sectores». Como ejemplo, puso el de las urbanizaciones El Edén y zonas limítrofes. «Pasaremos de ser un destino de calidad a perder oportunidades», dijo la portavoz popular.
Desde la oposición consideran además que este proyecto afectará también a nivel de patrimonio arqueológico a un yacimiento con interés cultural y turístico. «Y todo por 113.000 euros al año, al recibir un euro por tonelada que se podía obtener de otra manera, fomentando la actividad económica del municipio. Definitivamente, no compensa», valoró la concejala.
Difícil acceso
Los populares advierten también que el continuo tráfico de camiones provocará un aumento de contaminación acústica y atmosférica. «La ubicación escogida es de muy difícil acceso y está rodeada de zona forestal», estimó ayer Verdú, que se preguntó qué va a hacer la Generalitat. «¿Expropiarán terrenos para crear nuevas carreteras o pasarán por los actuales caminos con el ruido, polvo y olor que provocará allá por donde pasen?».
«Nuestro municipio no es la ubicación idónea para la planta por no estar en el centro de la Vega Baja, ser pequeño y turístico», dijo la edil. Es por ello que los populares pedirán en el próximo Pleno que la Generalitat considere otras opciones. «No nos encontrarán detrás de una pancarta como sí hizo el alcalde de Rafal, Manuel Pineda, pero no por ello dejaremos de defender a nuestros vecinos», concluyó la portavoz popular.
