Los trabajadores del servicio municipal de recogida de basura y limpieza viaria han negociado sus condiciones laborales y salariales hasta el 31 de diciembre de 2019 con una empresa, Acciona, que realiza su prestación sin contrato con el Ayuntamiento desde junio de 2015. Desde ese momento, y tras diez años de concesión, se agotaron las dos prórrogas de un año y la intervención municipal rechazó cualquier tipo de prórroga más.

El convenio ha sido registrado en la Subdelegación del Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Además de atar las condiciones de los trabajadores durante los próximos años, con incrementos salariales ligados a la subida del IPC, el acuerdo laboral incide en uno de los caballos de batalla de los trabajadores de las basuras. El mantenimiento de los puestos de trabajo, y al margen de las mejoras tecnológicas en el servicio. En este aspecto, el acuerdo indica que deberán realizarse todas las gestiones posibles y adaptaciones en la formación del personal para que la cifra de la plantilla se mantenga en los 200 trabajadores fijos, que es la plantilla actual. Una condición que se establece más allá de si es Acciona u otra empresa la que finalmente desarrolle la prestación en los próximos años.

La empresa accede a garantizar las condiciones laborales, cuando está casi de salida, con un margen muy limitado para hacerse de nuevo con la polémica concesión - que le cuesta al municipio 15 millones de euros anuales-. La obtuvo en 2004 a través de un concurso amañado por el que está cumpliendo pena de prisión el exalcalde Pedro Hernández. La empresa que quiera optar por la contrata - el Ayuntamiento dice que la licitará este año- deberá asumir esas condiciones de inicio, que aparecerán el pliego de condiciones.

El cambio sustancial con respecto al anterior acuerdo es que hay una articulado específico dedicado al mantenimiento de esos 200 operarios. En el caso de que durante la vigencia del nuevo convenio se adjudique «una nueva contrata» y comporte la implantación de nuevos sistemas de trabajo, en la recogida por ejemplo, carga lateral y la eliminación de rutas-; o en la limpieza: mecanización, hidrolimpiadoras de pértiga o nuevo distritos-; la empresa y los trabajadores constituirán una comisión para implantar de los nuevos procedimientos. Pero con el principio básico de «procurar» (sic) mantener el empleo fijo (200); permanencia; distribución de los trabajadores excedentes en otros puestos de trabajo adecuados a sus aptitudes y capacidad profesional; asignar «el trabajo de temporada (verano) entre los trabajadores afectados y que no han podido ser recolocados; amortizaciones de puestos de trabajo mediante acuerdo con el trabajador afectado mediante su adhesión voluntaria al programa de jubilaciones o bajas incentivadas que se diseñe».

Municipalizar

Este convenio también puede ser una baza para que el gobierno de coalición liderado por José Manuel Dolón (Los Verdes) pueda recuperar su idea de municipalizar la recogida, algo que descartó tras el varapalo de ver rechazados los presupuestos de 2016 por la negativa de la dirección de Ciudadanos de respaldar una gestión directa. El convenio dice que en caso de gestión directa, el Ayuntamiento deberá asumir a todos los trabajadores del servicio y con su convenio.