Los diez mil folios que supera ya la investigación del supuesto fraude de las obras del Ave hasta Murcia, en su tramo a través de la Vega Baja, son un "riesgo" para varias de las defensas que ha sido puesto de manifiesto a través de los recursos presentados en el juzgado de instrucción de Murcia que investiga los hechos, a los que ha tenido acceso Efe, en los que se reclama la división de la causa en cuatro piezas separadas, correspondientes a cada uno de los tramos en los que fue dividido ese trazado. Esta causa afecta a exaltos cargos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.
Sin embargo, la titular del juzgado, la magistrada Olga Reverte, ha desestimado los recursos presentados con esa intención, por lo que deberá ser la Audiencia Provincial de Murcia la que se pronuncie sobre el tema al haber presentado las defensas también otros tantos recursos de apelación. Para mantener las diligencias unidas, Reverte señala en el auto en el que se rechaza el recurso de reforma que existe una serie de elementos comunes y la intervención de las mismas personas o entidades en todos los tramos.
También hay coincidencia en que en los cuatro casos las obras correspondían a la reposición de las redes hidráulicas afectadas por las obras del AVE y en que varios de los investigados tuvieron actuación en todos ellos. Es el caso del ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, o del que fue jefe de Infraestructuras en la zona por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), José Luis Martínez Pombo, añade la magistrada.
También tuvo responsabilidad en los cuatro tramos el subcontratista de las obras, Juan Ortín, que fue precisamente quien al declarar como investigado reconoció la emisión de facturas falsas o infladas y el pago de comisiones que aseguró haber entregado en mano a otro de los investigados, Antonio José Fernández Pujante, hermano del citado ingeniero.
El auto señala que a la división de las diligencias pedidas por los investigados se opusieron tanto el fiscal como el abogado del Estado, que representa a Adif. Al pedir la división en las cuatro piezas separadas, los letrados señalaron que con ello se evitaría que el retraso que pudiera tener la tramitación de cada tramo pudiera afectar a los demás.
Igualmente expusieron que la complejidad de las piezas puede conllevar dilaciones de tramitación que podrían perjudicar a los investigados. Para los apelantes, ninguno de los argumentos que harían aconsejable la división reclamada fue tenido en cuenta por la magistrada al desestimar los recursos de reforma.
