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Redován

El fiscal pide juzgar a Leticia Bas por dos delitos tras pagar 188.000 euros a un empresario que iba en su lista

La Fiscalía cree que se troceó un contrato y abonó decenas de facturas infladas a Carlos Peñalver. La exregidora se enfrenta a tres años de prisión

El fiscal pide juzgar a Leticia Bas por fraude y prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela que siente en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa de Redován, la socialista Leticia Bas, para ser juzgada por dos delitos: prevaricación y fraude. El Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de prisión y 10 de inhabilitación para la exregidora por participar en el fraccionamiento de un contrato para trabajos de mantenimiento eléctrico de la red pública.

Durante su mandato, entre 2007 y 2011, el Ayuntamiento nunca sacó a concurso ese servicio y adjudicó sucesivos trabajos a dedo a un empresario, Carlos Peñalver, que iba en la lista electoral del PSOE. En total se le pagaron 188.747 euros a través de facturas que, además, estaban infladas, según sostiene el fiscal.La jueza que instruye la causa, Jessica Joaquina Hurtado, ha iniciado el trámite de procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral, que presumiblemente se dictaminará en breve. El escrito de acusación del fiscal, Pablo José Romero, pide que se juzgue igualmente a los exediles de Servicios Públicos y Fiestas, José Manuel Cartagena y Encarna Heredia, respectivamente, por haber cometido igualmente fraude y prevaricación. Al primero le pide una pena de tres años de cárcel y 10 de inhabilitación para cargo público. A la segunda 2 años de cárcel y otros 8 de inhabilitación.

El cuarto de los acusados que se sentará en el banquillo es el empresario que se benefició de los pagos del Ayuntamiento, Carlos Francisco Peñalver, cónyuge de la actual portavoz del PSOE en la localidad, Silvia Fonseca. Al empresario lo acusa de cooperador necesario para la comisión de los delitos de fraude y prevaricación. Pide encarcelarlo durante tres años y prohibir que desempeñe cargos públicos durante una década.

Responsabilidad civilLa acusación pública ha solicitado además que los cuatro procesados abonen al Ayuntamiento en concepto de responsabilidad civil hasta 35.861,97 euros. Fue la cantidad que Peñalver recibió en concepto de beneficio industrial que nunca debió cobrar de la administración pública y que percibió «como consecuencia de las torticeras actuaciones realizadas por Leticia Bas».

El Ministerio Fiscal no tiene dudas de lo que ocurrió en Redován durante la última legislatura en la que gobernaron los socialistas. Considera que los acusados, actuando en connivencia con el empresario, «fraccionaron el servicio de mantenimiento y reparación de alumbrado público e instalaciones eléctricas para la organización de fiestas y eventos». Lo hicieron para eludir el obligatorio proceso de contratación mediante concurso, «cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos». De esa forma conseguían que «no se emitiera informe alguno relativo a la valoración de los servicios a contratar, dejando éste a discrecionalidad de los acusados, que asignaban los mismos a un precio superior al de mercado para defraudar a la administración que representaban, produciendo el enriquecimiento del empresario». Pablo José Romero acredita que el empresario reclamaba los pagos mediante presentación de facturas que «siempre eran objeto de reparo» de los técnicos puesto que «no existía un contrato para la prestación del servicio». Y eso era algo necesario puesto que «el importe acumulado de los servicios excedía de los límites establecidos por las normas reguladoras de la contratación pública que posibilitan la adjudicación directa». Aún así, la entonces alcaldesa y los dos citados concejales estampaban su firma en las facturas, algo que era un «requisito previo para proceder a su pago».

El abono de los importes se hacía en junta de gobierno, un órgano presidido por Bas y en el que también se integraba Cartagena. El último paso lo realizaba siempre la regidora, que acordaba el pago de todas las facturas a su favor firmando el correspondiente decreto de Alcaldía.

Facturas sin especificar«Los acusados mantuvieron ese ilícito comportamiento y ello pese a que en las facturas que presentaba Carlos Peñalver, en nombre propio o de su empresa, Electrosolar Peñalver SL, no se adjuntaban ni partes de trabajo ni albaranes ni ninguna otra documentación que pudiera comprobar el trabajo realizado, y muchas de ellas adolecían de una absoluta falta de especificación de los trabajos realizados y no habían sido supervisados por ningún técnico de la administración».

«Gracias a la conjunta actuación desplegada por los acusados, Carlos Peñalver, directamente o a través de su empresa, prácticamente monopolizó en Redován la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación del alumbrado público... desde mediados de 2008 y hasta mediados de 2011 y su pago, en perjuicio y fraude de los intereses municipales».

La Fiscalía encargó un informe pericial para analizar las facturas abonadas por el Ayuntamiento al citado empresario y determinó que algunas de ellas estaban infladas, encontrando «un enriquecimiento superior a los 4.000 euros en lo que se refiere al valor de mercado de los materiales». Esa conclusión fue determinada por el fiscal en un duro informe contra los cuatro acusados y suscrito al concluir su investigación.

El siguiente paso será que el Ayuntamiento, que fue quien denunció los hechos, presente igualmente su escrito de acusación. Será entonces cuando la magistrada decretará la apertura de juicio.

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