La Mancomunidad la Vega ha iniciado una campaña para que se reconozca el acoso callejero como un delito. La agrupación compuesta por los municipios alicantinos Redován, Algorfa, Jacarilla y San Miguel de Salinas quiere presentar esta proposición de ley ante el Gobierno de España y el Ministerio de Justicia. Desde la Mancomunidad se alude al carácter inédito de una iniciativa que "combate una realidad que afecta, principalmente, a la libertad y la seguridad de las mujeres".
La intención de la agrupación es que la campaña consiga su propósito para el 8 de marzo del próximo año, Día Internacional de la Mujer. En palabras del presidente Emilio Fernández, "ponerse de perfil ante esta realidad implica mantener una complicidad con los casos de acoso".
Por ello, instan a la Diputación, la Generalitat, colegios profesionales y otros colectivos de entidad a colaborar en la lucha contra este problema de índole social. El acoso callejero es una forma de violencia sexual que puede ser perpetrada tanto en espacios públicos como en espacios privados de acceso público. Se trata de un conjunto de conductas físicas y verbales que se llevan a cabo contra una persona sin su consentimiento: frases obscenas,
persecuciones, tocamientos, fotos sin permiso, miradas intimidatorias, abordaje, exhibicionismo y un largo etcétera. La iniciativa popular para combatir estos actos ha arrancado con la creación de la web www.notienesmipermiso.org y el lanzamiento de una campaña de firmas en la plataforma Change.org, además del hastag #NoTienesMiPermiso.
La Mancomunidad recuerda que España ha ratificado la Convención de Estambul, tratado realizado en el marco del Consejo de Europa para la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta obliga a los estados a perseguir "toda forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal, físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona". Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en otros países, la legislación española evidencia lagunas normativas que impiden afirmar que exista un tipo normativo adecuado para resolver dicha cuestión, teniendo que buscar su acomodo en otras figuras legales inadecuadas.
En definitiva, el acoso callejero es una realidad que afecta gravemente la libertad y la seguridad y urge de una solución jurídica adecuada. En países como Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, India, Argentina, Uruguay y Chile ya está siendo abordado este problema. En España, por el momento, apenas destaca el esfuerzo que realiza la red 'Hollaback' desde Barcelona.
Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en nuestro país la mitad de las mujeres mayores de 15 años han sido acosadas sexualmente alguna vez. Por otro lado, una encuesta a nivel mundial de Actionaid desvela que el 80% de las mujeres ha sentido miedo al volver a casa en alguna ocasión. Emilio Fernández reconoce, pues, "la necesidad de regular estas prácticas condenables". De este modo, la propuesta de la Mancomunidad la Vega supone un paso adelante en la erradicación de la violencia de género y promueve la igualdad entre sexos.
Estando plenamente comprometida la Mancomunidad la Vega en la lucha decidida contra la violencia machista, se promueve esta iniciativa popular con el fin de obtener el respaldo mayoritario de la sociedad española mediante las oportunas campañas sociales. Esto permitirá solicitar al Gobierno de España que lleve a efecto todos los trámites legales pertinentes para formular la oportuna proposición de ley que regule de forma satisfactoria el fin del acoso callejero.
