La concentración de un grupo de vecinos en la Plaza de España de Callosa de Segura ha vuelto a impedir, una vez más, que el Ayuntamiento retire el monumento a los Caídos. El Consistorio pidió a la Subdelegación de Gobierno que los callosinos que custodian la Cruz trasladaran su protesta pacífica hasta otro punto de la ciudad para poder ejecutar obras en ese espacio entre el 25 de febrero y el 12 de marzo, pero no consiguió su cometido. Ahora además dicho organismo ha renovado la petición de la Plataforma en Defensa de la Cruz para seguir reuniéndose en torno al monolito hasta el 31 de marzo, por lo que a priori el equipo de gobierno no podrá llevar a cabo su pretensión.

Mientra el empeño de ese grupo de vecinos ha conseguido hasta ahora parar la eliminación o traslado de la Cruz, la batalla judicial para intentar conservar el monumento en la Plaza de España se complica. El Partido Popular (PP), en la oposición, y la plataforma vecinal que defiende la permanencia del símbolo han presentado dos nuevos recursos contenciosos administrativos en los juzgados de Elche para impedir al tripartito (PSOE, EU y Somos) que ejecute el acuerdo plenario para mover la Cruz en base a la Ley de Memoria Histórica. En ambos casos se solicitaron al juez medidas cautelares para que la Cruz no se toque al menos hasta que haya sentencias.

El recurso de los populares ha sido presentado por el portavoz del grupo, Manuel Illán. En definitiva, lo que se impugna es el acuerdo de pleno adoptado el 26 de enero de este año. En dicha sesión el PP presentó una moción pidiendo conservar la Cruz junto a San Martín al considerar que la Iglesia ya ha retirado las placas en recuerdo de José Antonio Primo de Rivera y la Falange y, por lo tanto, el monumento no incumple la Ley de Memoria Histórica. Pero el equipo de gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, tumbó esa propuesta. Pues bien, el PP lo que solicita ahora es que se suspenda ese acuerdo plenario como medida cautelar al estimar que si efectivamente se acomete el traslado, se podrían «ocasionar daños y perjuicios» a los elementos afectados «que podrían ser de difícil o imposible reparación». Insisten en que en la actualidad el monumento no contiene «placas que hagan exaltación de bando alguno de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Y eso es así porque se retiraron en septiembre de 2016.

Libertad religiosa

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Cruz ha presentado otro contencioso administrativo contra el Ayuntamiento al considerar que retirar la Cruz vulnera el derecho a la libertad religiosa y la libertad de expresión del sentimiento religioso. El colectivo vecinal ha solicitado igualmente medidas cautelares que suspendan el acuerdo de pleno mediante el que se pactó el traslado o eliminación del símbolo. Sin embargo el juzgado ha rechazado esa petición cautelar.

En paralelo a esos dos recursos existe otro, presentado en su día por el concejal Javier Pérez. El mismo pidió como medida cautelar que se bloqueara el traslado de la Cruz hasta que hubiera sentencia, pero dicha petición no fue admitida. Es por ello que Pérez recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decidirá en mayo si acepta las alegaciones pidiendo que se paralice el traslado de la Cruz de los Caídos.