Las supuestas irregularidades en la gestión del servicio de depósito de vehículos y arrastre de la grúa durante dos décadas (entre 1991 y 2008) le está costando caro al Ayuntamiento de Torrevieja y amenaza con «descuadrar» el proyecto de presupuestos de 2017 cuando ya estaba bajo la supervisión del área de Intervención municipal.
Entre el mes de agosto y hoy Torrevieja ha abonado cuatro millones de euros de sentencias ganadas por la concesionaria del servicio de recogida de vehículos y depósito de vehículos. Resoluciones que hablan de un servicio prestado, y no abonado por el Ayuntamiento en su día.
El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes), compareció ayer para explicar que la cuantía que arroja la suma de sentencias que lleva pagadas y lo que «le queda por pagar al Ayuntamiento» por la «nefasta gestión del Partido Popular en lo referente a la guardia y custodia de vehículos durante el período 1991-2008 -una concesionaria distinta a la actual- con toda probabilidad ascenderá a 6.655.756 euros», una vez que se abonen todas las resoluciones. Los responsables directos de la gestión de ese servicio fueron el concejal Eduardo Gil, los exediles Pedro Valero y Tomás Arenas, el entonces alcalde Pedro Hernández, en distintos periodos, como ediles de Tráfico y Policía.
El concejal de Hacienda recordó que el pasado mes de agosto de 2016 ya dio cuenta «de la terrible gestión del PP». Anunció en aquel momento el pago de una última sentencia, por importe de 118.470,09 euros, correspondiente a una factura presentada en mayo de 2008 y que el actual gobierno tuvo que incluir en el frustrado presupuesto de 2016. Desde el año 2012 y hasta la fecha están cayendo sentencias, a juicio del edil «como un martillo pilón», que «nos estaban haciendo afrontar el pago de facturas presentadas en el año 2008 y correspondientes a un largo período que abarca nada más y nada menos que 17 años». Para el edil no «deja de ser curioso ese 'limbo'» de facturación en el que se estuvo y «nos preguntábamos de nuevo cómo se ha estado gestionando el Ayuntamiento durante todos estos años en los que el PP ha campado a sus anchas con sucesivas mayorías absolutas», subrayó Hurtado.
Facturas reclamadas
El concejal ha considerado «aún más grave» que el hecho de haber desembolsado, a 4 de agosto de 2016, prácticamente 1,5 millones de euros es, como advirtió ya entonces, «que todavía hay facturas reclamadas y no conformadas en Intervención y que, si continúan las reclamaciones judiciales, es más que probable que al final la terrible gestión del Partido Popular le cueste a las arcas municipales la friolera de 6.655.756».
El concejal lamentó que aquella previsión del pasado agosto «se está confirmando con precisión de relojero y, lo que es peor, está dejando como calderilla lo que hasta entonces se había pagado. Entre costas, intereses de demora y principales pagamos, posteriormente a la sentencia citada, un total de 405.911,17 euros a lo que hay que sumar la friolera de 2.123.264,31 euros pendiente de pago:1.724.753 euros, 242.109 euros, 92.915 euros y 63.485 euros, entre principales e intereses, correspondientes a cuatro nuevas sentencias de noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017».Informes de los técnicos
Por otra parte, fuentes del Partido Popular indicaron que cuando la empresa presentó las facturas tanto el departamento de Contratación como el funcionario supervisor del contrato en la Policía Local indicaron que no se debían asumir. Los técnicos consideraban que el canon del contrato ya asumía los servicios que la mercantil reclamaba. Las mismas fuentes, sin pronunciarse sobre las razones por las que los juzgados han dado la razón a los demandantes en contra del criterio de los técnicos municipales, se preguntaron qué habría hecho el concejal actual de Hacienda, José Hurtado en esa misma situación: con informes en contra al pago de la factura.
