El exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez (expulsado del PP), volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez será juzgado por delitos de prevaricación, contra la integridad moral de los trabajadores (acoso laboral) y por injurias y calumnias. Todo ello por haber defenestrado de forma presuntamente irregular en 2010 al jefe de la Policía Local. También por haber ejercido supuestamente acoso laboral contra el funcionario cuando el Consejo Jurídico Consultivo obligó al Ayuntamiento a devolverle su puesto. Pérez, que es hoy edil del grupo de los no adscritos, se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público.
El juzgado de instrucción Número 2 de Orihuela ha decretado la apertura de juicio oral contra Javier Pérez y también contra la que sigue siendo secretaria del Ayuntamiento, María Dolores Ramón Gil. Considera que ambos fueron partícipes en los hechos ocurridos en marzo de 2010, cuando se suspendió de empleo y sueldo al entonces jefe de Policía, Pedro Ramón Martínez. Argumentaron que se habían sobrevalorado los méritos en la oposición por la que ganó su plaza, 25 años atrás, mediante un documento falsificado.
La Fiscalía Anticorrupción les atribuye en su escrito de acusación un delito de prevaricación y solicita una pena de 10 años de inhabilitación para el desempeño de cargo o función pública en el caso de Javier Pérez. Para María Dolores Ramón pide ocho años de inhabilitación para realizar funciones de secretaria de Ayuntamiento o cualquier otro relacionado con la prestación de fe pública o asesoramiento legal preceptivo a Consistorios.
Por su parte, la acusación particular suma a la prevaricación otro delito continuado contra la integridad moral y un tercero de calumnias e injurias. Solicita en total cuatro años de cárcel y 10 años de inhabilitación.
Informe externo
Según la acusación, para apartar del cargo al jefe de la Policía, Javier Pérez solicitó un informe jurídico externo que sirviera de soporte a su decisión sin ninguna resolución que lo amparara. El denunciante alegó que hubo diversas irregularidades en la tramitación del expediente en el que se acordó como medida cautelar la suspensión de empleo y sueldo, y que se facilitaron datos privados del funcionario a un despacho de abogados sin resolución ni decreto de incoación que lo ordenara, e incluso sin comprobar con ninguna administración u órgano que la titulación fuera falsa. Tampoco se habría comprobado que no hubiera prescrito la irregularidad ni que el alcalde fuese competente para revisar la calificación de unas oposiciones de 1985.
La acusación particular fundamenta para dar cuenta de ese supuesto delito de acoso laboral que cuando el alcalde se vio obligado a readmitir al jefe de la Policía, firmó un decreto que decía que, desde ese momento, todas sus decisiones deberían ser supervisadas primero por el regidor. Además le cambiaron su despacho y se le redujo el sueldo al quitarle un complemento de productividad. Todo ello, según se indica, con el aval de la secretaria. Con esas decisiones se pretendía forzar «una renuncia a su puesto de trabajo imponiendo unas condiciones laborales inasumibles» y que, sin embargo, no se dispusieron para el policía que lo estuvo sustituyendo durante casi cuatro meses, sostiene el demandante. «Las condiciones impuestas anularon todas sus funciones como jefe, afectaron a su nómina y la dignidad del cargo que ocupaba... finalmente los acusados consiguieron su propósito, forzando su cese».
En relación al delito de injurias y calumnias, la defensa del perjudicado, ejercida por el abogado José Pedro González, señala que durante todo este proceso los acusados «imputaron al demandante un delito de falsedad documental», pues iniciaron todo este procedimiento alegando que había falsificado un título que le generó la puntuación suficiente para ganar la plaza. Lo hicieron en diferentes documentos y también «en un pleno retransmitido por la televisión local con la lectura de un infamante escrito» en el que se insistía en el hecho de la supuesta falsificación, una idea que siguieron manteniendo aun cuando el Consejo Jurídico obligó al Consistorio a readmitirlo en su puesto. Todo ello «para desprestigiarlo aún más».
