El exalcalde de Callosa de Segura Javier Pérez ha sido citado a declarar como investigado (antes llamado imputado) por dos supuestos delitos : fraude y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al exregidor (expulsado en su día del Partido Popular) de haber pagado 311.000 euros de forma supuestamente fraudulenta a un arquitecto técnico que trabajó para el Ayuntamiento durante 12 años. La Fiscalía considera que el Consistorio tendría que haber realizado un concurso público para adjudicar ese servicio de consultoría y asistencia técnica para cumplir con la legislación en materia de contratación administrativa. Pero eso es algo que no se hizo, porque se dio el puesto a dedo para beneficiar al técnico, con el que según el fiscal «mantenía una estrecha relación al estar vinculado políticamente y por amistad con un familiar del mismo».
Esta causa ha sido abierta por el juzgado de instrucción Número 2 de Orihuela tras una denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. La jueza María Elena García ha citado a declarar en calidad de investigado a Javier Pérez y también a la que fuera secretaria del Ayuntamiento, Sara Borderia. Acudirá asimismo el arquitecto técnico que trabajó para el Consistorio, J. M. G. Todos ellos están acusados de cometer supuestamente los mismos delitos.
Según el informe que el fiscal ha remitido a la magistrada que instruye la causa, los hechos denunciados consisten en la posible adjudicación directa, mediante el procedimiento conocido como «fraccionamiento del objeto del contrato» y «utilizando de forma torticera la figura del contrato menor», por el que fuera alcalde de Callosa, de ciertos servicios de asistencia técnica, concretamente de arquitectura. El fiscal Pablo José Romero requirió al Ayuntamiento callosino numerosa documentación para estudiar los hechos y, tras su análisis, ha concluido que fue el 7 de enero cuando Javier Pérez y el arquitecto suscribieron un contrato de prestación de servicios. Se indicaba que el técnico recibiría 1.502,53 euros mensuales.
A juicio del fiscal, al tratarse de un contrato menor no podía tener una duración superior a un año. Así, dicho contrato debió expirar el 7 de enero de 2005, aunque la realidad fue que el arquitecto trabajó para el consistorio hasta marzo de 2016. En ese entonces la Alcaldía ya estaba presidida por Fran Maciá (PSOE). El tripartito decidió entonces resolver el contrato al considerar que la situación era irregular. También informó de la situación a la Fiscalía Anticorrupción para buscar responsabilidades.
Según el Ministerio Público, las remuneraciones percibidas por el arquitecto a resultas del controvertido contrato, desde enero de 2004 y hasta marzo de 2016, ascienden a más de 230.000 euros. Sin embargo el técnico recibió del Ayuntamiento 311.000 euros «sin que se explique el motivo de percepción de las otras retribuciones, que eran para satisfacer servicios propios del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Callosa de Segura».
«Abuso de funciones»
Los tres investigados «podrían haber intervenido en los hechos descritos, que podrían ser tipificados como delito de fraude en la contratación y prevaricación», dado que el alcalde y la secretaria «podrían haber procedido, en el ejercicio y abuso de sus funciones públicas y para defraudar al Ayuntamiento que representaban... la adjudicación directa del servicio durante más de 13 años, algo que requería la previa tramitación del expediente que garantizara la concurrencia y publicidad».
En todos esos años, prosigue el fiscal, «nunca instaron a los servicios de contratación a iniciar el expediente de contratación para adjudicar conforme a derecho el servicio». «Procedieron a fraccionar el objeto del servicio... cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa, con lo que además de actuar de forma arbitraria... ocasionaron el consiguiente perjuicio al erario público», concluye la Fiscalía Anticorrupción.
