Un bando que ayer dio a conocer el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, en relación con la conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, anima a todos los oriolanos a participar en los «actos que conforman una amplia programación que ha sido el resultado del trabajo de la comisión oriolana para reflejar la expresión popular en la organización de este Año Hernandiano». A día de hoy se desconoce cuál es esa programación y no estaría de más recordar que dentro de cuatro semanas, el 28 de marzo, es la fecha clave: el fallecimiento del poeta en la cárcel de Alicante. Algunos miembros que fueron invitados por el regidor se han quejado de la falta de información o de que se haya tomado decisiones sin contar con ellos.

Sabemos que arrancará el día 6 con la visita del director del Instituto Cervantes, Juan M. Bonet, y que habrá un acto -seguramente de relumbrón- en el nunca suficientemente aprovechado por su inestimable valía colegio Santo Domingo. También que el ministro de Cultura, Íñigo Méndez, estará en la conmemoración de la efeméride el día 28 leyendo poemas, que en noviembre habrá un Congreso Internacional -que no ha montado Orihuela pero que participa de él- , que habrá un programa de Radio Nacional de España en el municipio o que se editará un sello o un cupón de la ONCE. Pero, me pregunto, el «caldo» de la efeméride, aquello por lo que tendrá que ser recordada Orihuela, ¿dónde está?

En Torrevieja, la concejala socialista África Celdrán anunció -nunca mejor dicho lo del anuncio- que dimitiría y doce días más tarde todo sigue igual. Ella sigue firmando, tomando decisiones o votando, según las necesidades y al equipo de gobierno le extraña que preguntemos por estas cosas -«¿no tendrán los periodistas otras cosas en qué pensar», se preguntan casi indignados-. Un día antes del extraño comunicado-confesión en el que decía que dejaba el acta, este diario publicó que la Fiscalía quiere apartarla 11 años para ejercer como cargo público porque para el acusador público demostró con el tema de la revista de fiestas -que ella autorizó de forma irregular- que no sabe lo que hace (lo suyo es desconocimiento no mala fe, no se equivoquen).

Con ello y con su declaración judicial en la que reconoció que su actividad profesional estaba muy lejos de lo que es la gestión pública, vamos que de esto de gobernar sabía bien poco, se demostró una vez más que político no es cualquiera. Yo pensé que ella no lo era porque, precisamente, tras saber que quieren juzgarla, dimitó y eso, como bien sabemos, no lo hace un político que sigue negando la evidencia, lo hace un ciudadano de la calle. Pero, ¿por qué ahora se aferra al cargo? ¿Alguien la convenció de que se marchara con malas artes y ahora se lo está pensando? ¿por qué hace sufrir al alcalde José Manuel Dolón y a su partido?

En Benejúzar, el alcalde, Antonio Bernabé, tiene uno de esos problemas que sólo tiene un alcalde que lleva muchos años en política. Está siendo investigado por la supuesta compra de votos a personas con necesidades económicas que se beneficiaban de ayudas sociales. Su municipio batió el record en porcentaje de votos emitidos por correo. Supongo que su partido lo tendrá expedientado y seguirá de cerca este asunto. y, además, que aunque sea en un despacho se le habrá pedido cuentas porque, tal y como suena, es un asunto que más que gordo es triste, muy triste. Digamos que puede ser el peor ejemplo de pobreza humana que hayamos visto. Esperemos que la Guardia Civil se equivoque. Pero tampoco es que la oposición esté para tirar cohetes y sacar pecho en este asunto porque los socialistas están todos acusados también por un tema de delito electoral, ciertamente, bastante menor: el supuesto reparto de publicidad antes de lo que era legal.

El aumento del contato de la basura en Almoradí no es una buena noticia ni para el PP ni para Ciudadanos que lo han aprobado, aunque al PSOE le parezca bien. Un 20% más que van a pagar los almoradidenses por un servicio que, se supone, cuando se firmó se hizo con unas condiciones que garantizarían calles limpias. Alegar ahora que pagar 28.560 euros más es la única forma de garantizar el estado de zonas verdes, plazas y espacios públicos induce a pensar que algo huele mal... Nunca mejor dicho.