El debate sobre el uso de la lengua valenciana en los colegios y en la administración pública ha vuelto, otra vez, al Ayuntamiento de Orihuela. El bipartito que gobierna la ciudad, formado por Partido Popular y Ciudadanos, aprobó ayer una moción en sesión plenaria para exigir a la Generalitat que «garantice la efectiva libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos» y pedir «que no se establezcan imposiciones lingüísticas a padres, alumnado, funcionariado y cualquier entidad pública o privada en su relación con la administración educativa».
El concejal Juan Ignacio López-Bas, de Ciudadanos, fue el encargado de leer el texto consensuado con sus socios de gobierno y se quejó de que el Consell, y en concreto el conseller Vicent Marzà, ha ideado un decreto, el 9/2017, para que «quien desee (estudiar en) castellano quede con el mínimo de horas en inglés, y quién opte por valenciano sea premiado con la máxima acreditación en la referida lengua extranjera». Todo ello a través del Programa de Educación Plurilingüe Dinámico.
Según la moción de PP y C's, dicho programa consta de seis niveles de competencia en lenguas que van del nivel básico 1 al nivel avanzado 2. «El Decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo se certificará el nivel de competencia de los alumnos, de forma que los que terminen el Bachillerato con un nivel Avanzado, es decir, inglés y valenciano, obtendrán la acreditación del B1 de inglés y el C1 en valenciano, a diferencia de los que hayan escogido el nivel básico o castellano, que quedarán sin acreditación». A su juicio, «el modelo contemplado en este decreto crea valencianos de primera y de segunda» y, además, «vulnera la Constitución».
Discriminatorio
Juan Ignacio López-Bas consideró ayer que en la Vega Baja «somos personas orgullosas de ser valencianos y de que haya dos lenguas cooficiales, pero no en que se nos imponga con modelos educativos la obligación de tener que optar por una de ambas lenguas mediante un modelo discriminatorio». El mismo dijo que «no se puede negar la voz a los padres y dejar a los centros (decidir) cuál es el modelo lingüístico» a aplicar ni «establecer imposiciones a padres, alumnos o funcionarios para primar el valenciano en su relación con la administración».
«Queremos que la lengua sea un mérito a valorar, no un requisito sin el cual no se puede acceder a determinados puestos en la administración pública». Por todo ello consideró que hay que «evitar adoctrinamientos en la infancia» y dijo que les preocupa «la influencia del catalanismo político en la Comunidad».
«Se va a discriminar a los que no hablan valenciano, como ocurre ya en Cataluña. Aquí no hay ningún conflicto, lo crea un conseller que impone un modelo de inmersión lingüística que la sociedad no quiere aceptar. Son decisiones que crean muros entre valencianos», concluyó el edil.
