Seis meses. Ese es el plazo que se marcó ayer el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, para que estén habilitadas las dos plantas de transferencia de residuos que precisa la Vega Baja, una en Orihuela y otra en Guardamar del Segura. Tal y como adelantó INFORMACIÓN el pasado domingo, la inversión rondará los cinco millones de euros y permitirá que todos los Ayuntamientos de la comarca paguen lo mismo por el traslado y eliminación de la basura, en torno a 79 euros por tonelada. Julià Álvaro visitó ayer Guardamar para conocer la ubicación en la que se proyecta la planta de transferencia. Lo hizo acompañado de Vicent García, quien es el director de la empresa pública Vaersa, la que ejecutará y gestionará las instalaciones.

La de Guardamar se emplazará en la finca del Pallaret, que sirvió como vertedero durante años. Tendrá capacidad para transferir hasta 113.176 toneladas de basura al año. Los desechos llegarán hasta ese punto en camiones de recogida de basuras y, en el interior de una nave, serán transferidos a vehículos tráiler que los llevarán después hasta los vertederos autorizados. Esa transferencia de residuos permitirá ahorrar miles de euros a los Ayuntamientos. Se calcula que entre esta planta y la de Orihuela se podría compactar la basura de 60 camiones en 13 tráiler, ahorrando tiempo, dinero en combustible y reduciendo el impacto ambiental.

Hasta ahora los camiones de basura de la Vega Baja realizan recorridos de hasta 70 kilómetros para llegar a las plantas de Jijona, Alicante, Elche o Murcia. El proyecto de Guardamar precisará casi dos tercios del presupuesto reservado para ambas plantas de transferencia de residuos. Parte de esa inversión se destinará a mejorar los accesos hasta la futura instalación, habilitando una carretera que va desde la CV-91 hasta el punto de transferencia. Ello para evitar que los camiones pasen por viales cercanos a las urbanizaciones.

La puesta en marcha de ambas instalaciones de transferencia generará 10 puestos de trabajo e ingresos extra para los municipios que las alberguen. Está previsto que el resto de Ayuntamientos de la Vega Baja les paguen un euro de indemnización por cada tonelada de basuras que envíen a esas instalaciones. Ahora el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, que gobierna en minoría, tendrá que conseguir el apoyo de la oposición para poder impulsar este proyecto. El primer paso será aprobar la cesión de terrenos a la Generalitat, algo que se quiere hacer antes de dos meses. El regidor espera que el proyecto salga adelante al considerar que existe consenso social. La semana pasada se celebró una asamblea vecinal y Sáez y el director de Calidad Ambiental, Joan Piquer, solventaron las dudas de los vecinos que acudieron.