La dimisión de la edil torrevejense África Celdrán contrasta con los casos de varios políticos de la comarca que se aferran a su cargo pese a pesar sobre ellos causas judiciales pendiente similares, o en algunos casos, con condenas ya firmes.

El de más actualidad es el caso del alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, cuyo juicio está fechado para el próximo mes de abril, acusado de un presunto delito de prevaricación, por el que la fiscalía solicita hasta nueve años de inhabilitación por el pago de más de 190.000 euros del Ayuntamiento al Club de Fútbol Sporting por gestionar presuntamente las escuelas deportivas del municipio. La oposición ha pedido el bloque su dimisión mientras que desde el PP tanto comarcal como autonómico, se impone el silencio. Dicho colectivo deportivo estaba presidido por Antonio Irles, que formó parte de la candidatura del PP en las elecciones de 2011, y según el fiscal, el acuerdo para que el club asumiera ese servicio se hizo sin especificar la cuantía que se pagaría cada mes, se firmó por un año y se alargó hasta 2014 e incluía además la cesión de las instalaciones deportivasEn el mismo municipio, el edil de Agrupación Popular San Fulgencio Mariano Martí, con una condena en firme por un delito de ordenación del territorio, también conserva su acta.

El expopular Javier Pérez, de Callosa, tiene una pena de tres años de inhabilitación como cargo público y una multa de 6.000 euros por un delito de negociaciones prohibidas, que ha recurrido, al ser constructor a la vez que era alcalde de la localidad. El PP lo expulsó el pasado verano tras conocer el fallo, pero este no ha renunciado a su acta como concejal. También están imputados el alcalde de Los Montesinos y Benferri,ambos socialistas, y el grupo municipal del PSOE al completo de Benejúzar.