La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la edil de Bienestar Social y Tercera Edad, África Celdrán (PSOE), y le pide en su escrito de calificación una pena de 11 años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito de prevaricación. La edil, según mantiene el Ministerio Público, suscribió, «careciendo facultades para ello», un contrato para la edición de los programa de fiestas de La Purísima y la Feria de Mayo de Torrevieja en Torrevieja, con la editorial MIC.
La Fiscalía considera que prescindió de las normas reguladoras del procedimiento de contratación de servicios por parte de las administraciones públicas, fijadas en la ley de Contratos del Sector Público.
Como la pena es superior a los seis años -la de once años es la máxima para este delito-; la Fiscalía reclama además que el caso sea juzgado por la Audiencia Provincial, con sede en Elche y no en un juzgado de lo penal de Torrevieja. La concejal firmó el acuerdo poco después de acceder al cargo de concejal de Fiestas, el 13 agosto de 2015. Poco después, la empresa editorial, comenzó a remitir a docenas de establecimientos y locales de Torrevieja una propuesta por correo electrónico para invitarles a publicitarse en la revista de fiestas patronales.
En esa misiva figuraba una carta de presentación de la edil con su firma, avalando a la empresa como responsable de la publicación, algo que puso sobre la pista al PP, alguno de cuyos miembros llegó a recibir, como particular, varias de las propuestas publicitarias de la empresa, incluso después de que este diario publicara que se trataba de una irregularidad porque no mediaba un contrato con el Ayuntamiento.
«Meter la pata, no la mano»
El expediente no llegó a «tocar» en ningún momento el cauce administrativo legal que debe llevar cualquier contrato por prestación de servicios en un Ayuntamiento. Desde el equipo de gobierno, al que siempre le ha incomodado hacer referencia a este tema, se ha insistido en que la edil se equivocó y que el gobierno actual «puede meter la pata, pero no la mano», en palabras del alcalde José Manuel Dolón. La concejal justificó su decisión de firmar con la editorial, en el hecho de que, frente al gasto habitual que debe realizar el Ayuntamiento a la hora de subvencionar este tipo de programas, la empresa se comprometía a correr con todos los gastos, a cambio de gestionar la publicidad, e incluso aportaba 2.000 euros al municipio.
Desde que se dio a conocer el contrato el gobierno, en especial a través del alcalde José Manuel Dolón y la edil de junta de gobierno y abogada, Fanny Serrano, dejó claro que ese acuerdo no tenía validez alguna desde el punto de vista jurídico. Algo que ha provocado la reclamación patrimonial de la empresa afectada ante el Ayuntamiento por lucro cesante y su personación en el procedimiento penal. Del escrito de calificación de la fiscal destaca que ha acusado al margen de lo que hicieran el resto de acusaciones, algo que sugiere que tiene claro su criterio en este asunto. De hecho, ni el PP ni la empresa editora han presentado escrito de calificación todavía.
La Fiscalía solicita que al acto del juicio acudan como testigos el portavoz del PP, Eduardo Dolón, formación que impulsó la denuncia, además de uno de los responsables de la empresa editorial.
La instrucción del procedimiento se ha concluido en tiempo récord, poco más de un año, teniendo en cuenta las dilaciones que se producen en los juzgados de Torrevieja.
