El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidirá en mayo si acepta las alegaciones registradas por el concejal Javier Pérez pidiendo que se bloquee el traslado de la Cruz de los Caídos. En caso de que los jueces se pronuncien de forma favorable, el gobierno local no podrá retirar el monumento hasta que se celebre el juicio fijado para noviembre. En esa vista se abordará, precisamente, si se puede o no desplazar el monolito al cementerio basándose en la Ley de Memoria Histórica.
El edil Pérez solicitó medidas cautelares para pedir que quedara en suspenso el acuerdo del tripartito (PSOE, IU y Somos) para trasladar la Cruz. Dichas medidas fueron rechazadas por el juzgado de lo contencioso Número 1 de Elche pero Pérez recurrió al TSJCV, que ha fijado como fecha el 3 de mayo para votar y fallar sobre si toma en consideración o no esa petición. Llegados a este punto Javier Pérez considera que el gobierno local no puede ahora ejecutar el traslado de la Cruz. Por ello, ha solicitado al alcalde, Fran Maciá, «que proceda a la suspensión cautelar de la ejecución de dicho acto (retirada de la Cruz ) bien hasta que haya resolución del recurso de apelación señalado para mayo de 2017, bien hasta que haya sentencia firme en el procedimiento interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso nº 1 de Elche, cuyo juicio está señalado para el 6 de noviembre de 2017».
«Si el alcalde no atiende esta solicitud, estará vulnerando flagrantemente la legalidad y, por tanto, tendrá que atenerse a las consecuencias jurídicas derivadas de su ilegal actuación ya que estoy dispuesto a demandarlo, cuantas veces sea necesario, por vulnerar la legalidad», manifestó ayer Pérez.
Para defender esta petición, el edil Pérez hace referencia a lo acontecido en la ciudad de Alicante hace pocas semanas con la retirada de placas con determinados nombres de calles en cumplimiento supuestamente de la Ley de Memoria Histórica. En ese sentido, recordó que el Juzgado de lo contencioso-administrativo Número 4 de Alicante dijo que esa actuación del gobierno alicantino se hizo de manera «precipitada e inmotivada pese a tener conocimiento no sólo de la pendencia de un recurso contencioso, sino además de la apertura de la correspondiente pieza de medida cautelar, cuyo objeto era someter a consideración del tribunal la procedencia o no de la ejecución del acto administrativo» de retirada de esas placas.
