El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, y el director general de Medio Natural, Antoni Marzo, se han reunido esta mañana con representantes de los ayuntamientos de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, y de varias asociaciones y entidades de la zona, para informarles del inicio inminente del procedimiento de declaración del paisaje protegido de la Sierra Escalona, Dehesa de Campoamor y su entorno.
Este procedimiento, que ha estado precedido de varias conversaciones con los ayuntamientos implicados, prevé que, tras los trámites legalmente establecidos -entre ellos, el preceptivo período de participación pública, durante el que podrán presentarse todas aquellas alegaciones y sugerencias que se considere oportuno- se produzca la declaración del ámbito territorial de la sierra como paisaje protegido en "pocos meses", han informado desde el Consell.
Este es el paso previo a la declaración de Parque Natural, que otorgará una figura de protección especial al entorno, en el que los ecologistas denuncian desde hace años continuas roturaciones del terreno que ponen en peligro el ecosistema del paraje.
En paralelo a este proceso, se abrirá también el de confección de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), Plan Rector de Uso y Gestión y normas de gestión de la Red Natura 2000, mucho más complejo técnicamente y que se prolongará durante más tiempo. Se ha optado por la declaración de Paisaje Protegido, que no requiere de estos trámites previos, como una forma de dotar al espacio de una figura de protección -y contar con figuras como director-conservador, junta rectora o brigada de mantenimiento- que mejorarán notablemente la capacidad de gestión de la zona.
En un futuro, cuando se complete la tramitación del PORN, se podrá proponer la reclasificación de todo o de parte del espacio con otra figura de protección, como la de Parque Natural.
A esta reunión han sido convocados representantes de los municipios, asociaciones de vecinos, agricultores, propietarios, cazadores, hosteleros, ecologistas y universidades, que han trasladado sus preocupaciones y denunciado las presiones a administraciones públicas para reducir el terreno protegido.
