Un juzgado de lo Contencioso ha condenado al Ayuntamiento de Torrevieja a facilitar una plaza en segunda actividad a un policía que debería estar ocupándola desde 2011. El juzgado, además, condena al municipio al pago de 3.000 euros al agente por daños morales al dilatar de forma «consciente y voluntaria» esa situación durante años, pese a que todos los informes daban el visto bueno a su petición. En el reglamento sobre pase a segunda actividad de la Policía Local, aprobado en 2009, determina que se pueda solicitar desde los 55 años o por enfermedad. La norma permite destinar a los agentes a labores administrativas, de gestión o vigilancia de edificios, lejos de la exigencia física de la calle.
Según indica la, sentencia el director general de Recursos Humanos dio el visto bueno a la solicitud de marzo de 2011 en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, no se hizo efectiva. La resolución judicial dice que desde que el «demandante realizó la petición de pase a situación de segunda actividad y a pesar de que cumplía todas las condiciones requeridas, de que se emitieron informes técnicos necesarios y que existían vacantes en aquel momento» la administración mantuvo una «actitud pasiva y de dilación del procedimiento». Un retraso, añade el juzgado, «injustificado en perjuicio» del agente, mantenido de «manera consciente y voluntaria»
Acoso laboral
Mientras que, por ejemplo, explica textualmente la sentencia, el hermano del entonces inspector Manuel López Vera si se acogió a esta medida de forma automática.
A este hecho, se suma además que el solicitante mantenía un procedimiento por acoso laboral contra este inspector, ya jubilado y el intendente Alejandro Morer, que finalmente se ha confirmado a favor de los policías. Lo único que pudo recurrir el Ayuntamiento, es que el agente no había facilitado un informe sobre su incapacidad parcial, que además de innecesario porque ya cumplía el requisito de la edad, fue solicitado «tras años de inactividad administrativa» y que la administración diera el primer visto bueno a la solicitud. Fuentes del sindicato CC OO, cuyos servicios jurídicos han llevado el procedimiento, atribuyen esta dilación al director general de la Policía, Javier Mínguez, y al actual director de Recursos Humanos, Antonio Marí -distinto al que aprobó la petición en 2011-. El juzgado ve vulnerado en este caso el derecho a la integridad física y moral de las personas consagrado en la Constitución Española, de ahí la indemnización por daño moral.
