El alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo, rompió ayer su silencio tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado inhabilitarlo durante nueve años por un presunto delito de prevaricación. El regidor se siente «víctima» de un plan orquestado por el secretario-interventor y la oposición del PP para «derrotarlo» y apartarlo de la política tras 30 años ocupando diferentes cargos.
Luis Vicente Mateo aseguró ayer que fue el funcionario y no él quien ordenó retirar los informes con reparos al pago de dietas y desplazamientos del registro de entrada, un hecho que se le ha imputado a él en sede judicial. «Lo que jamás llegaré a entender es que el secretario-interventor titular, con 25 años de servicio en este Ayuntamiento, utilizara su puesto de trabajo, presuntamente, con deslealtad a sus superiores y trasladando información a la oposición para derrotar a este alcalde», dijo el socialista. Este funcionario «orquestó una presunta operación planeada, introduciendo unos reparos con posterioridad a unos gastos de dietas que se habían efectuado, y que fueron levantados cuando él me pidió que le explicara dónde y cuándo se habían realizado dichos viajes». Tal es así que fue el secretario-interventor «quien ordenó al funcionario encargado del Registro que retirara y le entregara los informes de reparo para llevarlos a sus expedientes correspondientes, porque ya habían sido resueltos con el alcalde».
Con la oposición
Pero, según el primer edil, «su presunto plan llega más lejos y a los pocos días se reunió con el portavoz del PP para expresarle que el alcalde había sacado unos informes de reparos del Registro y que habían desaparecido porque habían sido sustituidos por otros». «Este funcionario sabía y conocía que los documentos se encontraban en sus expedientes, que el mismo llevó. Estos hechos y documentos originales se encuentran incorporados en la causa», dijo.
El alcalde dijo además que respecto al expediente, «los reparos se pusieron con posterioridad a los pagos, en contra de lo que preceptúa la Ley, que dice que los reparos deberán ser con anterioridad a la resolución, pero además mucho más grave es que el funcionario registrara los informes, cuando la ley expresa que no deberán ser registrados porque son documentos que forman parte del expediente».
El regidor dijo que, tras todo esto, el PP presentó la denuncia que ha llevado a Fiscalía a solicitar una inhabilitación de nueve años «la cual respeto pero no puedo compartir, porque yo como todos los funcionarios de este Ayuntamiento, sabemos cómo acontecieron los hechos dando testimonio por escrito y prestando declaración judicial de los hechos (...). Sigo pensando que soy víctima de una presunta confabulación para aniquilar a un alcalde del PSOE de los más veteranos de esta provincia».
