La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar en el banquillo de los acusados al alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), para ser juzgado por un supuesto delito de prevaricación. El regidor está acusado de ocultar informes que ponían reparos al pago de sus dietas, ordenando por decreto que fueran retirados del registro de entrada del Ayuntamiento. De esta forma el socialista trató supuestamente de evitar que la oposición tuviera acceso a ellos para fiscalizarlos. Por todo ello, el Ministerio Público solicita una pena de nueve años de inhabilitación para cargo público.
Esta causa se instruye en el juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela y fue iniciada tras una denuncia de la oposición que ejerce el Partido Popular, con Bernardo Mira al frente. El mismo denunció la manipulación de los documentos del registro de entrada del Consistorio. Tras la fase de instrucción, el juez concluyó que había indicios de un delito de prevaricación y pidió a la acusación particular que se pronunciara, pidiendo la apertura de juicio oral o el archivo. Y eso es lo que ha hecho ahora el fiscal Pablo José Romero, que ha pedido que Luis Vicente Mateo sea juzgado.
«Mendaz resolución»
En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera que el regidor dictó una «mendaz» resolución para que los tres informes con reparos fueran retirados del registro de entrada, siendo sustituidos por otros que no tenían nada que ver con los originales. Romero cree que el alcalde, al ordenar que se retiraran los documentos, «infringió de forma radical las normas esenciales y básicas que regulan el procedimiento legalmente establecido para solventar discrepancias surgidas ante los reparos de la intervención de fondos, atribuyéndose una competencia de la que carecía, extremos ambos (procedimiento y competencia) de los que había sido expresamente informado por el secretario- interventor en diferentes informes».
Por ello, la fiscalía cree que Luis Vicente Mateo «era plenamente consciente de lo flagrantemente ilegal y arbitrario de su actuación, conocimiento que también se colige del tiempo que llevaba en el cargo de alcalde, desde el año 1999, y de su formación académica, siendo su empleo el de profesor de primaria».
Obstaculizar al Pleno
El fiscal Romero mantiene que «como consecuencia de sus torticero comportamiento, el alcalde acusado logró que no se diera publicidad en el Pleno a los reparos presentados por el secretario-interventor a los pagos que le habían sido satisfechos por sus gastos en dietas y desplazamientos, por lo que obstaculizaba, sin justificación legal alguna, la labor de control político de la oposición».
Asimismo, el fiscal hace mención a que el alcalde dijo que pediría asesoramiento a un despacho de abogados en relación a la retirada de esos informes tras las quejas de la oposición, pero «al menos hasta la fecha de presentación de este escrito de acusación Luis Vicente Mateo no ha solicitado el asesoramiento del despacho de abogados y consultores ACAL, ni de otros organismos, como tampoco ha dado cuenta al pleno de los mismos, ni de los reparos que, tal y como indicaba en el decreto 134/2014 de fecha de 29 de octubre, que el propio acusado, como alcalde-presidente del Ayuntamiento de Benferri, suscribió».
Por todo ello Anticorrupción considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal conforme a la regulación en vigor en la fecha de los hechos. «Procede imponer al acusado la pena de inhabilitación especial para empleo o cago público que suponga el desempeño de los cargos de alcalde, primer teniente de alcalde o concejal por un tiempo de nueve años».
