La Generalitat Valenciana quiere que Orihuela y Guardamar del Segura acojan las dos plantas de transferencia de basuras que precisa la Vega Baja. Los técnicos han determinado que son los dos emplazamientos más adecuados por su ubicación . El Consorcio de Residuos negociará ahora con los Ayuntamientos para intentar cerrar acuerdos. Como compensación, ambos municipios recibirían una indemnización de un euro por cada tonelada de desperdicios que llegue a esas instalaciones, que tendrían carácter provisional hasta contar con la planta de tratamiento definitiva.
El director de Calidad Ambiental en la Comunitat, Joan Piquer, explicó ayer a este diario que ahora se abrirá un periodo de negociación, aunque lo cierto es que ya tienen claro dónde quieren disponerlas. En el caso de Guardamar, en el vial que conecta este municipio con Rojales, la conocida como carretera de La Berná, a tres kilómetros del casco urbano, indicó ayer el regidor, José Luis Sáez. Es el lugar donde hasta hace unos años se ubicaba un vertedero y la parcela es de propiedad municipal. En el caso de Orihuela, el Consell sólo dijo que es una zona compatible en términos urbanísticos. El alcalde, Emilio Bascuñana, indicó ayer que sospecha que sea el Polígono Puente Alto, pero aseguró que nadie se lo ha garantizado hasta el momento.
«Son zonas adecuadas para una ágil puesta en marcha. Se trata de dos municipios donde la Generalitat tiene previsto actuar para acometer el sellado de viejos vertederos en sus términos municipales», destacaron ayer desde el Consorcio.
Forma modular
Piquer explicó que se trata de plantas de transferencia «modulares», de forma que cuando estén listas las plantas definitivas puedan servir para realizar tratamientos de otro tipo de desechos, como podas o algas.
Toda esta propuesta fue expuesta ayer por Joan Piquer durante la reunión celebrada ayer en el palacio provincial entre los miembros del Consorcio, formado por los 27 alcaldes, la Diputación y el Consell. Todos ellos acordaron hace unos meses que fuera la Generalitat, a través de la empresa pública Vaersa, la que asumiera, al menos temporalmente, la gestión de los desechos de la Vega, en torno a 210.000 toneladas al año. Pues bien, el Consorcio encargó las bases técnicas que regirían la puesta en marcha del Plan Zonal y se estimó que la comarca precisaba de dos estaciones de transferencia de desechos, que son las que se quieren poner en marcha ahora.
Joan Piquer dijo ayer que ubicar una planta de Orihuela y otra en Guardamar del Segura es la propuesta inicial para desarrollar el proyecto de gestión de las basuras, que ahora «tendrá que ser sometida a los estudios técnicos y económicos de la comisión técnica del Consorcio, para que decidan la idoneidad de la ubicación y de los precios que se podrían pactar como indemnización para los municipios que acojan estas plantas».
Hasta esas dos estaciones de transferencia llegarían residuos de la práctica totalidad de municipios de la Vega. Así, los camiones de recogida de basura la depositarían allí. En esas plantas se compactaría la basura para poder transportarla en camiones de gran tonelaje hasta los vertederos de Elche, Jijona y Alicante, que son las instalaciones que actualmente procesan los desperdicios de la Vega. No obstante, también se llevan parte de los desechos hasta una planta de tratamiento en Murcia, sobre todo procedentes del término municipal de Orihuela.
Ahorro
La necesidad de poder contar cuanto antes con estas instalaciones de transferencia de basuras es compartida por los 27 alcaldes de la Vega Baja. La posibilidad de compactar los residuos en vehículos de gran tonelaje para llevarla a los vertederos ahorraría dinero a los Ayuntamientos, que actualmente transportan la basura enviando decenas de camiones. De igual forma, reduciría el impacto ambiental que provocan esos continuos desplazamientos. No obstante, aunque se trata de una necesidad compartida, hasta ahora ningún Ayuntamiento se había mostrado dispuesto a acoger una de estas instalaciones por miedo al rechazo vecinal, que ya causó movilizaciones la pasada legislatura en varias localidades.
Aunque nadie se refirió ayer a ello, lo cierto es que la Generalitat dispone de mecanismos legales para forzar la implantación de estas plantas aunque, de momento, se intentará llegar a acuerdos con Orihuela y Guardamar.
