El PP de Torrevieja anunció ayer que en los próximos días va registrar una denuncia en el juzgado por el supuesto «regalo» a la empresa que explota el parque acuático Aquópolis del arrendamiento del suelo municipal que ocupará durante los próximos 15 años. «Un escándalo» en palabras de portavoz del PP, Eduardo Dolón, que se centra en la reducida valoración de la finca municipal para establecer el precio del alquiler, y en el hecho de que, al contrario de lo que mantenía el contrato vigente, según la interpretación del PP, las instalaciones no han pasado a manos municipales una vez que se agotado el plazo del arrendamiento para luego licitar su adjudicación por concurso público.

En su denuncia los populares señalarán la responsabilidad del alcalde José Manuel Dolón y la edil de Urbanismo y Turismo, Fanny Serrano, además de los componentes de la junta de gobierno que aprobaron el acuerdo en mayo de 2016.

El equipo de gobierno ha anunciado una querella contra Eduardo Dolón por estas acusaciones.

El municipio ha prorrogado el contrato de alquiler de 75.000 metros cuadrados de suelo municipal con la multinacional Parques Reunidos.

El portavoz del PP, Eduardo Dolón aseguró que el contrato que expiraba el próximo 20 de febrero no contenía ninguna cláusula de prórroga, y por tanto, una vez llegado el día había que liquidarlo y proceder a un concurso público para que se le adjudicara la explotación a aquella empresa que presentara la oferta económicamente más ventajosa. En este sentido dijo que la primera «posible grave irregularidad es que el Fanny Serrano y José Manuel Dolón ha consentido alargar la vigencia jurídica y los efectos de un contrato 15 años eludiendo conscientemente una condición previa que exige la Ley para poder llevar a cabo la prórroga».

«Más escandaloso -a su juicio- ha sido la manera en la que se ha valorado el bien, ya que el Ayuntamiento no va a recibir un precio de alquile al año correspondiente al 6% del valor en venta del bien. Será mucho menor por motivo de hacer una valoración a medida, además, un mes y medio antes de que la empresa solicitara formalmente la prórroga del contrato de arrendamiento del año 1.986».

El PP ha detallado que aplicando los valores catastrales a toda la finca, el valor del parque es de 23.403.174 euros. En el informe de valoración se dice que «ese valor es muy alto, y lo reduce a 4.143.694 euros, con el pretexto de que no todo está edificado». El PP asegura que la valoración inicial del perjuicio económico alcanzaría como mínimo los 2.176.384 euros «si bien pudiera ser mucho más la cantidad que, teóricamente, van a dejar de ingresar las arcas del Ayuntamiento hasta llegar a los 11,5 millones de euros». Dolón matizó a preguntas de este diario que los políticos no son los que valoran el suelo pero sí los que aprueban el expediente.

El gobierno de coalición anunció el acuerdo como mucho más ventajoso que el que se ha mantenido para el Ayuntamiento durante los últimos 30 años porque quintuplica la cantidad del canon anual. De apenas 40.000 euros a 240.000. Sin embargo, la oposición recordó que el contrato de alquiler anterior al que se renuncia, establecía no solo una cantidad económica, también la ejecución de las obras del parque acuático y su paso al patrimonio municipal una vez concluyera el alquiler.

Por su parte, Leisure Parks, como representante de Parques Reunidos, reaccionó a la denuncia en un comunicado indicando que «todo el procedimiento se ha llevado a cabo con plenas garantías y escrupuloso respeto de la legalidad, contando con el informe favorable de todos los técnicos municipales así como con el voto unánime de todos los miembros de la junta de Gobierno, acordándose unos términos que se enmarcan dentro de los límites fijados legalmente».