No es no

En su moción, los populares, liderados por Manuel Illán, defendieron que el tripartito se apoya en un informe emitido por un organismo ligado a la Generalitat que aconseja la retirada del monumento, pero esgrimen que esa evaluación se hizo antes de que la parroquia retirase las mencionadas inscripciones del pedestal del monolito, algo que ocurrió el pasado septiembre. Por ello creen que ese dictamen ha perdido ahora todo el sentido. Así, defienden que la Ley de Memoria Histórica permite que determinados símbolos permanezcan cuando «las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas» por la legislación.

Vinculadas

Durante su intervención los populares reclamaron además al tripartito y especialmente al alcalde, el socialista Fran Maciá, que escuche a los vecinos porque creen que buena parte de ellos se niega a la retirada del monumento. De hecho, diversas personas vinculadas a la Plataforma en Defensa de la Cruz siguieron ayer con mucha atención la sesión plenaria al considerar que si el gobierno local rechazaba la moción del PP, suponía que seguían adelante en su intención de llevar la Cruz al cementerio. Es por ello que, de seguro, se plantearán nuevas movilizaciones y acciones de protesta para exigir la marcha atrás a esa decisión.

Por su parte, el alcalde, Fran Macía, explicó que el gobierno municipal «tomó la decisión de aplicar la Ley de Memoria Histórica en la ciudad. El que fue concejal del Partido Popular, Javier Pérez, ahora en el grupo de los no adscritos, interpuso un recurso contencioso en el juzgado contra esa decisión donde se pedía una medida cautelar y la incorporación a la causa tanto de la Diócesis de Orihuela-Alicante como de las 81 familias de las personas cuyos nombres aparecen en el monumento». El regidor recordó que el equipo de gobierno solicitó un dictamen a la Comisión Técnica de vestigios de la Comunitat al objeto de «articular propuestas sobre el destino del monumento».

Medida

«El juez dictaminó que no había lugar a incorporar a la causa a la Diócesis y a los familiares, tampoco concedió la medida cautelar, por lo que no paralizó el acuerdo de pleno», que acordó la retirada de la Cruz. Maciá prosiguió que el citado dictamen «respalda el traslado del monumento. Hemos esperado el plazo legal hasta que la medida cautelar se resolvió y los informes técnicos nos avalan. Gran parte del actual grupo del Partido Popular gobernó Callosa de Segura durante ocho años y no tomó ninguna medida en aplicación de la Ley, a pesar de que desde la oposición se solicitó su cumplimiento. Su credibilidad en esta materia es más que cuestionable y la judilización de la política no va a condicionar la acción del gobierno».

Aunque sin decirlo, con estas palabras el regidor Fran Maciá, en representación del tripartito que gobierna desde 2016, dejó claro ayer que la intención del gobierno callosino es seguir adelante con su propuesta de llevar la Cruz al cementerio. Lo que por ahora se desconoce es cuándo lo intentarán, por tercera vez, tras dos intentos fallidos.