El Partido Popular no quiere saber nada del juicio al que se enfrentará el alcalde de San Fulgencio, el popular Carlos Ramírez, el próximo mes de abril y por el que la Fiscalía solicita una pena de nueve años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
INFORMACIÓN contactó ayer con la ejecutiva provincial del PP a través de su coordinador en la Vega Baja, Joaquín Lucas, para conocer si la formación adoptará algún tipo de medida ante el inminente juicio. Pero los populares dieron la callada por respuesta y sólo dijeron que no harán declaraciones.
La causa que sentará en el banquillo de los acusados al regidor de San Fulgencio ha investigado el pago de más de 190.000 euros del Ayuntamiento al Club de Fútbol Sporting por gestionar presuntamente las escuelas deportivas del municipio. Dicho colectivo deportivo estaba presidido por Antonio Irles, que formó parte de la candidatura del PP en las elecciones de 2011. Pues bien, según el fiscal, el acuerdo para que el club asumiera ese servicio se hizo sin especificar la cuantía que se pagaría cada mes, se firmó por un año y se alargó hasta 2014 e incluía además la cesión de las instalaciones deportivas. Todo ello para adjudicarlo de forma directa «y mantenerlo mientras les resultare conveniente en detrimento de los intereses generales». Además, durante los años en los que estuvo vigente, se pagaron más de 18.000 euros por anualidad, lo que contradice la ley de contratación de la administración.
