El concejal de Callosa de Segura Javier Pérez ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para alertar de la doble vara de medir que, a su juicio, ha empleado el Ayuntamiento a la hora de paralizar la construcción de dos naves industriales en el último año. El edil ha aportado numerosa documentación que, según él, evidencia como el alcalde, Fran Maciá, dio margen suficiente a uno de los propietarios, que es su familiar, para que terminara una obra sobre suelo rústico y sin licencia; mientras que en el caso de otra nave industrial, levantada en suelo urbano y con licencia condicionada, fue paralizada desde el primer momento y contó con un seguimiento policial para impedir que se retomaran los trabajos.
Según Pérez, en el expediente abierto a la empresa Cabos y Redes SA «existe una notificación a la policía local dándoles traslado de la paralización de la obra». «También consta un informe del jefe de la Policía indicando a todos los turnos que debían de llevar a cabo un seguimiento de la obra. Por ello, en el expediente hay multitud de informes acreditando dicho seguimiento con fotografías». Sin embargo, según Javier Pérez, en el expediente de la nave propiedad del cuñado del alcalde «no existe traslado de la notificación de la paralización de la obra a la Policía ni ningún informe de la misma. Por lo que aunque el Ayuntamiento ha abierto expediente de paralización de la obra a la mercantil, la misma ha procedido a la finalización de la nave sin que nadie se lo impidiera».
Según el concejal, en la comparación de los expedientes existen «diferencias sorprendentes», como por ejemplo que en el caso de la construcción de familiares del alcalde, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la obra el 19 de julio pero no notificó la obligatoria paralización hasta 36 días después. Sin embargo, en el caso de la empresa Cabos y Redes «solamente se tardó tres días en notificar».
Supuesto error
Pérez expone además que debido a un supuesto error del Ayuntamiento en la notificación de paralización de la obra a la empresa ligada al familiar del alcalde -puesto que se notificó a otra mercantil a pesar de que la administradora única era la hermana del alcalde-, los plazos se alargaron hasta casi cinco meses mientras que en el otro caso todo el trámite se hizo en 42 días.
«Así es como el alcalde consiguió sortear la Ley para permitir que su cuñado pudiera terminar la nave en suelo rústico, notificando mal y tarde la paralización de la obra y no notificando a la Policía local el seguimiento de la obra una vez paralizada. En la actualidad la nave de Cabos y Redes sigue paralizada y la del cuñado del regidor está ejecutada al completo, según consta en el expediente municipal», dijo ayer Pérez.
Por su parte, Fran Maciá dijo que el gobierno municipal y los técnicos «están trabajando conforme a los procesos y protocolos que marca la legalidad vigente», en ambos casos. Aseguró que en la construcción vinculada a su familia «no ha habido ningún trato de favor o arbitrariedad en la tramitación del expediente, que ha recibido el mismo protocolo que el resto». En el otro caso, dijo que se solicitó asesoramiento jurídico especializado en urbanismo, «cosa que no se hizo cuando se concedió esta licencia condicionada en el 2014, en sector de suelo urbano que todos los informes indican que no podemos autorizar por las normas urbanísticas del sector del PGOU».
