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Orihuela

Una juez condena al Ayuntamiento por suspender las vacaciones al interventor

Urruticoechea pedirá la apertura de un expediente para que sea el edil de Recursos Humanos y el alcalde quienes abonen las costas por una decisión sin «fundamento legal», según la magistrada

Almagro, edil de Recursos Humanos.

La jueza del Juzgado de la Contencioso-Administrativo Número 1 de Elche ha condenado al Ayuntamiento de Orihuela a abonar las costas judiciales por el contencioso presentado por el interventor, Fernando Urruticoechea, tras una resolución firmada por el edil de Recursos Humanos, Rafael Almagro, por la cual éste pretendía suspenderle un permiso vacacional que le había sido concedido en diciembre de 2015. La magistrada, que ya suspendió dicha resolución de forma cautelar para que el funcionario pudiese disfrutar del permiso concedido, ratifica la admisión del recurso presentado por el interventor oriolano y obliga al Consistorio a pagar los gastos derivados de la defensa judicial del funcionario.

Tras el fallo, Urruticoechea ha confirmado a INFORMACIÓN que pedirá al alcalde, Emilio Bascuñana «la apertura de expediente de responsabilidad derivada para que tales costes sean abonados de forma solidaria por los responsables de este despropósito, que son el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, el secretario municipal, Virgilio Estremera, y el técnico de Personal, Enrique Quiñonero». El fin es que el dinero no salga directamente de las arcas públicas, pues, en opinión de Urruticoechea, el hecho de tratar de suspender sus vacaciones responde a «castigarme por mi trabajo de fiscalización de sus ilegalidades y hacer público tal trato como forma de humillarme».

La magistrada apunta a que el dictamen de Almagro, en el que se justificaba la suspensión del permiso vacacional por la «necesidad urgente» de realizar informes de cara a la liquidación de la Tesorería, cierre contable, elaboración de parte del presupuesto de 2016 o las nóminas de los funcionarios de diciembre de 2015 y la paga extra, carecen de «fundamento legal que lo sostenga». De todas estas funciones, apunta la sentencia, solo es potestad del interventor la fiscalización de las nóminas, que el interventor preveía realizar en los días intermedios que debían transcurrir entre los dos periodos de vacaciones solicitados.

El funcionario había solicitado un permiso vacacional del 9 al 18 de diciembre y del 28 de diciembre al 8 de enero, que le fue concedido por Almagro el 3 de diciembre, por lo que la fiscalización de las nóminas podía hacerse del 19 de diciembre al 27 de enero, como así se hizo. Aun así, la resolución por la que se interrumpían sus vacaciones se dictó el 16 de enero, dos días antes de que se cumpliera el primer periodo vacacional y, para más inri, el Ayuntamiento ya había nombrado a un interventor accidental que sustituyera a Urruticoechea durante sus vacaciones.

Recordatorio

La magistrada recuerda a Bascuñana que «la elaboración de los presupuestos corresponde al alcalde», al tratarse de un municipio de gran población, y apunta a que es a la administración, en este caso al Ayuntamiento de Orihuela, «a quien corresponde dotarse de los medios materiales y personales necesarios para ejercer las competencias que la Ley le otorga sin que los funcionarios públicos a su servicio hayan de verse privados de su derecho de descanso». Por ello no puede aceptarse el argumento de «imperiosa necesidad» de la presencia del interventor.

Los desencuentros entre Urruticoechea y el equipo de gobierno han sido una constante durante toda la legislatura. Así, tanto el alcalde como el edil de Hacienda, han acusado a Urruticoechea de entorpecer la gestión, mientras que éste apunta a que lo que realmente molesta es que frene supuestas irregularidades. Lo cierto es que éste es el primer conflicto que se traslada a la vía judicial y la resolución es contraria al Ayuntamiento, que ni siquiera se personó en la vista del proceso, «pese haber sido citado en legal forma», apunta la sentencia».

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