El Ayuntamiento de Orihuela asumirá la gestión directa del servicio de Atención Temprana a través de la sociedad municipal Uryula. La decisión se ha adoptado en base a un informe del Consejo Jurídico Consultivo, que determina que esta opción es posible porque «no se está creando un nuevo servicio público que pueda suponer un incremento del gasto». Esto es así porque se estima que el Consistorio ya asume el coste de este recurso mediante la subvención que se le entrega a la asociación que lo gestiona, Dinoco, que ronda los 450.000 euros anuales.
La concejala de Bienestar Social de Orihuela, Sabina Galindo, se vio obligada ayer a explicar este asunto a marchas forzadas tras conocer que una hora antes la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, ya había desvelado a los medios de comunicación el resultado de ese dictamen. El equipo de gobierno lo solicitó para aclarar si era competente asumir el servicio y si supondría un quebranto para las arcas municipales. La contestación es clara y dice que «Debe entenderse que no existe un incremento en el presupuesto general de gastos de la corporación y, consiguientemente, no puede existir un desequilibrio económico por esto concepto, puesto que dicho gasto ya se halla soportado y no puede generar déficit, sin que pueda afectar al equilibro presupuestario».
Encomienda de gestión
La concejala apuntó que el servicio se prestará a través de Uryula y recordó que en 2015 se modificaron los estatutos de esta sociedad para que pudiera prestar servicios sociales. El siguiente paso será aprobar en pleno la encomienda de gestión y, después, contratar al personal. A este respecto, Galindo dijo que se hará lo que digan los técnicos, pero cree que habrá que sacar a concurso las plazas de las terapeutas, que en la actualidad son 12. No obstante, cabe recordar que las mismas denunciaron al Ayuntamiento para que se les reconociera como personal municipal y el fallo aún está por llegar.
La edil consideró que ha quedado demostrado que la oposición faltaba a la verdad cuando decía que la intención del PP era poner el servicio en manos de una empresa. Pero precisamente la oposición del PSOE defendió ayer que se ha venido «torpedeando» el proceso para intentar que la Atención Temprana se privatizara. Carolina Gracia recordó el informe que se remitió al Consejo detallando cuál sería el coste de asumir el servicio en relación a las nóminas de los trabajadores; un coste que según sostiene el PSOE se infló incluyendo complementos que no correspondían. También les sorprendió que desde Intervención se hiciera otro informe que mostraba dudas sobre si al municipalizar el servicio, la sostenibilidad del Ayuntamiento se vería afectada al asumir a 12 trabajadores. Sin embargo, «ese factor no se tuvo en cuenta al incorporar en las cuentas de 2016 a los 130 trabajadores del servicio de basura».
La socialista exigió que para defender la municipalización hay que declarar ahora este servicio como «esencial» . El PSOE tiene dudas de que la sociedad municipal Uryula cumpla los requisitos para asumir la Atención Temprana, si bien insiste en que el Consejo Jurídico no hace mención a ninguna sociedad municipal. Por eso Gracia pidió que la municipalización se ponga en marcha «con cualquiera de las sociedades» que mantiene el Ayuntamiento.
