La concejala de Binestar Social de Orihuela, Sabina Galindo, ha anunciado hoy que el servicio de Atención Temprana pasará a ser gestionado de forma directa por el Ayuntamiento a través de la sociedad municipal Uryula. La decisión se ha adoptado en base a un informe del Consejo Jurídico Consultivo, que determina que esta opción es posible porque "no se está creando un nuevo servicio público que pueda suponer un incremento del gasto". Ello debido a que se estima que el Consistorio ya asume el coste de la Atención Temprana mediante la subvención que se le entrega a la asociación Dinoco, que ronda los 450.000 euros anuales.

"Debe entenderse que no existe un incremento en el presupuesto general de gastos de la corporación y, consiguientemente, no puede existir un desequilibrio económico por esto concepto, puesto que dicho gasto ya se halla soportado y no puede generar déficit, sin que pueda afectar al equilibro presupestario", se indica en el citado informe.

La edil ha explicado que la municipalización del servicio tendrá que pasar ahora por Pleno. En estos momentos son 12 trabajadoras las que se encargan de la Atención Temprana a través de Dinoco. No obstante, no está del todo claro que puedan conservar sus puestos de trabajo, puesto que el Ayuntamiento se podría ver obligado a ofertar las plazas a través de un concurso de oposición. Aún así, éstas podrían obtener puntos extraordinarios en base a la experiencia con la que cuentan. El coste de sus salarios ronda los 400.000 euros anuales.

La municipalización de la Atención Temprana se ha debatido en Orihuela durante meses. El secretario municipal consideró que el Ayuntamiento no podía pagar a Dinoco por prestar este servicio puesto que se tenía que realizar un proceso de adjudicación. Desde entonces, el Ayuntamiento está pagando con reparos cada mes a la citada asociación para que preste atenciones a cerca de 140 menores. En ese punto, el Consistorio sólo tenía dos opciones: sacar el servicio a licitación o municipalizarlo. Los padres de los niños abogaban por esta segunda opción y se pidió un informe al Consejo Jurídico Consultivo para ver si era posible. Informe que ha avalado ahora que el servicio se preste de forma directa.