El Ayuntamiento de Orihuela ha incoado un expediente de infracción urbanística contra la Generalitat Valenciana, en concreto contra la Dirección General de Cultura y Patrimonio, por haber retirado el escudo franquistadel antiguo juzgado sin la preceptiva licencia de obras. Ahora la administración autonómica podrá presentar alegaciones ante este hecho.
El portavoz municipal, Paco Sáez, ha explicado hoy que los trabajos, realizados el pasado 22 de diciembre, carecían de la necesaria licencia y además se hicieron sin respetar el dictamen emitido por la Concejalía de Cultura, que realizó un informe sobre cómo se debía ejecutar la obra al estar ubicado el inmueble en el entorno BIC de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.
"No abrimos el expediente por el hecho de tapar el escudo en sí por la Ley de Memoria Histórica, sino porque se ha hecho sin licencia". "Si cualquier vecino tiene que pedir una licencia, también lo tienen que hacer las administraciones públicas, que además deben de dar ejemplo", ha dicho Sáez. El concejal ha indicado que ahora la Concejalía de Cultura podrá pedir que la obra se modifique para adaptarla a los condicionantes estéticos requeridos.
A este respecto, el grupo socialista, a través de la concejala Carolina Gracia, ha considerado que hay "mala fe" en la actuación del Ayuntamiento porque la Dirección General de Cultura y Patrimonio contactó con el Consistorio "y si faltaba algún documento, se lo tendría que haber requerido".
En relación a esas declaraciones, Paco Sáez ha valorado que el equipo de gobierno "no está abriendo guerras" con la Conselleria de Justicia, ya que se han llegado a acuerdos con la Generalitat en materia de la cesión del antiguo edificio de los juzgados o de la casa natal de Miguel Hernández. "La línea que mantenemos es cordial y de total entendimiento, pero no podemos consentir que se le permita a una administración lo que no se le permite a un ciudadano".
Ofensiva política
También el grupo Cambiemos, en la oposición, ha valorado hoy toda esta situación y ha dicho que "no estamos ante un problema burocrático, sino ante una nueva ofensiva política e ideológica del gobierno de Orihuela contra el gobierno autonómico".
"Resulta de todo punto surreal que el Ayuntamiento abra sanción en este caso dado que el propio edil de Patrimonio, Rafael Almagro, dio cuenta a los medios de la ejecución de esta obra e incluso la presenció desde la misma puerta del Ayuntamiento".
"Ante esto hay dos evidencias. Una, que estamos ante una muestra más del poso dictatorial del actual gobierno; y es que, a nuestro modo de ver, lejos de optar por el diálogo con Conselleria para solventar cualquier problema administrativo, el gobierno ha optado por una estrategia de 'franquismo burocrático' al utilizar una intervención que democratiza el espacio público como excusa para atacar al gobierno autonómico", han valorado desde Cambiemos.
"Nos preocupa la extrema negligencia de la edil de Urbanismo y el concejal de Patrimonio Histórico. ¿Cómo es posible que el gobierno informe a los medios y la opinión pública de unas obras que, después, resultaban no tener las licencias preceptivas? Si esto sucede en obras que se hacen, literalmente frente al Ayuntamiento, no queremos ni imaginar la gravedad de incumplimientos y obras ilegales que pueden estar llevándose a cabo a lo largo y ancho del término municipal", ha concluido Cambiemos en un comunicado.
